Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 15 Noviembre, 2017

Pizarrón

¿Qué podemos esperar de la comisión legislativa que analiza el caso del “cementazo”?

La comisión legislativa que investiga el caso del “cementazo”, como se le ha llamado popularmente, ha llegado a su fin.

Queda a partir de ahora esperar los resultados de los análisis que hagan los diputados, y sus asesores, de las comparecencias que realizaron, de valorar cada intervención de los llamados a comparecer y a dar declaraciones en esa comisión, de comparar dichas intervenciones, de escrutar de ellas lo esencial y lo accesorio, de tratar de precisar, de todas ellas, lo que es común y verdadero, lo que implica a los comparecientes en alguna figura delictiva, si hay delito, o en aquellas figuras de tráfico de influencia, de corrupción, de alteración de actas, lo que es un delito contra la fe pública, de determinar si hubo alrededor de este caso una asociación ilícita para delinquir, esto es determinar si varios de los comparecientes de manera organizada actuaron para modificar reglamentos, facilitar créditos, para lograr favores de ministros y hasta posibles favores del Presidente de la República, de funcionarios que de ellos hubieren recibido órdenes para facilitar los procesos que dieron con el llamado “cementazo”.

Igualmente, se espera que también se informe sobre los trámites que al interior de los bancos afectados, en este negocio, se llevaron a cabo para facilitar, en la forma que se hizo, los préstamos millonarios sin las fianzas adecuadas, y se establezcan las responsabilidades, si las hay, de los funcionarios que actuaron dolosamente, con algún interés personal o interés político, o “por órdenes superiores” o del “Gran Jefe”, y se informe de la misma manera cómo se aseguraron préstamos de esos montos por empresas que no tienen el respaldo suficiente para ello, y si esas empresas aseguradoras están avalando otros préstamos y por cuántos montos, y en las mismas condiciones, sin las cauciones suficientes.

Del trabajo de la comisión investigadora pueden salir varios resultados. Primero, sería lo deseable, un único informe de todos los diputados, de consenso se entendería, sobre lo analizado. Segundo, varios informes redactados por los distintos diputados y sus fracciones parlamentarias, donde podría darse el caso de un informe de mayoría y uno o varios de minoría.

Tercero, que hayan pactado los diputados, o algunos de ellos, por debajo, y con ocultación pública, para que en el informe no se toque al “Gran Jefe” a cambio de “no tocar” a “alguien” o a “algunas” personas, o a diputados, o candidatos a diputados, o candidatos presidenciales del próximo proceso electoral, y de minimizar el informe en este aspecto.

Es claro que el Informe de la comisión o los informes que realicen los diputados, cada uno por su lado, si así fuere, informes de mayoría y de minorías, solo pueden hacer recomendaciones sobre los afectados, recomendaciones como las de pasarlos al Ministerio Público, de pedirles renuncias a cargos, en caso de que todavía los tengan, de proponer inhabilitaciones de trabajar para la administración pública y para ejercer cargos públicos y electorales, por un periodo de tiempo, etc.

El informe debe llegar a precisar, hasta donde les sea posible, quién es el “Gran Jefe”, sea el Presidente de la República, alguno de sus ministros, si a ello se llegare, o el Consejo de Gobierno donde se nombró a buena parte de los involucrados en esta investigación, o si lo son los Tres Mosqueteros del Presidente, Melvin Jiménez, Mariano Figueres y Víctor Morales Zapata, o Mario Barrenechea, o cualquiera de los que en los últimos años, de los que fueron citados a la comisión, han viajado a la República Popular China, han estado allá, algunos hasta por seis meses, probablemente preparándose en este negocio del cemento, o han viajado en asuntos de Estado o del Gobierno, ¿el Presidente de la República, delegaciones oficiales y de negocios conocidas?, y determinar de esos viajes cuáles fueron sus agendas de trabajo, con quién o quiénes se entrevistaron y con quién o quiénes se llegó a acuerdos. ¿Se entrevistaron en la República Popular China con representantes de la empresa de cemento de este negocio?

El informe, o los informes si son varios, ojalá logren precisar, sin temor, sin cálculo político, por qué se deduce de las comparecencias que todos los caminos conducen a la Casa Presidencial, a la Casa de Cristal, opaco en este caso, y que Zapote es el vértice de este “cementazo”.

Lo que es inadmisible ad portas, es que en el informe, o en los informes de ser varios, se hable del “Gran Jefe” como en otro informe legislativo se habló “de la Autoridad Política Superior”. El “Gran Jefe” en este caso debe precisarse. No puede pasar inadvertido. Fue mencionado. NO es un fantasma. Es de carne y hueso y con mucho poder político.

Es claro, que el plenario legislativo, cuando integró la comisión investigadora, puso un plazo relativamente corto de investigación. Fue un plazo como para que no se llegara “a nada”, fue un plazo que no permitió que la comisión trabajara con mayor profundidad, fue un plazo que hizo que la comisión dispusiera un tiempo de interrogación bastante limitado para las distintas fracciones representadas en la comisión. Soy consciente de que algunos diputados hablaron más que los comparecientes, con lo cual les hicieron el favor de no hablar, de no contestar, y hasta de no saber preguntarles para que no hubiera respuestas con contenido. Es claro que, a como se hace la pregunta así también se responde. Si la pregunta está mal hecha hay mala respuesta, si la pregunta es floja es floja también la respuesta, si la pregunta es imprecisa, la respuesta es imprecisa.

Hubo diputados que dieron lástima de su participación en la comisión, exhibieron su falta de inteligencia para preguntar, para saber preguntar y hasta para entender qué preguntaban, para saber en qué trabajo estaban participando y para saber cuál era el objetivo de esa participación. Esos diputados exhibieron a sus partidos políticos también. A mi gusto los diputados que más se distinguieron fueron Ottón Solís y Patricia Mora.

La comisión investigadora del “cementazo” es parte de la función legislativa, y del control político que realiza la Asamblea Legislativa, y sus diputados, del quehacer institucional y político del Estado y del Gobierno. Es un mecanismo institucional y democrático de funcionamiento parlamentario.

El  que solo se integre la comisión y que trabaje por algunas semanas no debe tenerse por suficiente. Lo que debe tenerse por suficiente es lo que la comisión investigadora pueda decirles a la ciudadanía y al país lo que ha investigado sin tapujos, sin temor y sin cálculos electorales, salga afectado quien deba salir.

Del resultado o de los resultados, según se produzca un informe o varios, de esa comisión, lo que mejor debemos esperar es que la institucionalidad salga fortalecida, que la democracia nacional salga robustecida, que la fe en las instituciones democráticas triunfe sobre el escepticismo, la apatía y la abulia política de los ciudadanos frente a la Política, los partidos políticos, los políticos y el mismo proceso electoral que está en marcha.

Es claro también que la comisión convocada para dos meses de trabajo, no debía trascender este plazo, por la campaña electoral misma. La Asamblea Legislativa y sus diputados no podían dejar de atender este caso, pero tampoco tenían interés en que se desarrollara en paralelo a la campaña electoral hasta febrero o más allá. Por eso el plazo que le fijaron. Pero esto se les fue de la mano.

Hay que reconocer que el trabajo de la comisión la desbordó en sus posibilidades. Si se creía que no iba a producirse mucho, el caso fue desbordante para la comisión misma y se quedó corta. Y fue desbordante para la ciudadanía, que logró presionar, por todos los medios que tuvo, para que no se dejara de pisar el acelerador de la investigación.

La prensa nacional y los periodistas que siguieron este caso jugaron un gran papel. Sin esta prensa y los periodistas punzantes y analíticos, quizá no se hubiera llegado hasta aquí.

El resultado del trabajo de la comisión legislativa, y de la presión pública, produjo sobre la marcha renuncias de miembros de la junta directiva del Banco Nacional, la destitución del resto de la junta directiva de dicho Banco, que se suspendiera a un magistrado de la Corte Suprema y al fiscal general de la República, que en los últimos días ha tramitado su jubilación, con lo que queda claro también que se retira de esa Fiscalía, que hayan detenido a miembros de la junta directiva y parte de la gerencia del Banco Nacional, y les hayan privado de su libertad por tres meses, junto al personaje del “cementazo”, que se haya nombrado una fiscal general, que con sus actuaciones hizo trascender toda la investigación y sobrepasó el caso que llevaba en sus manos la comisión parlamentaria.

En este sentido el caso aún no ha terminado. Apenas comienza. Desde que la Fiscalía General de la República, en manos de la fiscala, ha actuado en la forma como lo ha hecho, no solo hizo trascender la situación, sino que la proyectó hacia el futuro, mientras dure su investigación.

Si la comisión parlamentaria tenía plazo para investigar, hasta diciembre, para no llegar a los meses duros de las elecciones, el trabajo de la Fiscalía no tiene plazo, durará hasta que terminen todas su pesquisas, y es obvio, que irá en paralelo con el resto del proceso electoral que está en marcha.

Si la Asamblea Legislativa, y todos sus diputados, dejarán de trabajar desde diciembre hasta el día siguiente de las elecciones, porque ha declarado un receso parlamentario de mes y medio, la Fiscalía General de la República no puede declarar un receso laboral de esa magnitud, si acaso, los días feriados de ley de diciembre y el 1° de enero.

Si la Asamblea Legislativa, y su comisión parlamentaria, sobre el caso del “cementazo”, solo pueden establecer o sugerir recomendaciones, la Fiscalía General de la República puede actuar, puede detener personas y privarlas de su libertad, puede acusar personas y elevarlas a juicio.

Si a la Asamblea Legislativa, y a sus diputados, incluidos los de la comisión del “cementazo” les pueden preocupar las elecciones y lo que este caso pueda afectar a los partidos y dirigentes involucrados, a la Fiscalía General de la República no le afecta nada de esto. Al menos esperemos que no le afecte ni negativa ni positivamente, que tan solo haga su trabajo. La Fiscalía General lo que tiene que hacer es su trabajo, investigar, determinar y elevar a juicio a quien tenga que hacerlo.

La comisión legislativa no debe caer, en sus informes, en aspectos distractores de lo principal. La Fiscalía tampoco debe poner en el tapete otros distractores. Sacar casos, ya juzgados, que no están vinculados al caso del “cementazo” es colocar distractores en la opinión pública. ¿Con qué interés? Exhibir a la esposa de Ottón Solís con unas acciones, que no tienen ningún significado en Holcim, dentro de miles que debe de haber en el mercado de valores, es otro distractor, tratando de empañar el posible informe de Ottón dentro de esa comisión o de restarle fuerza al mismo. Así también se mueven las fuerzas y los intereses involucrados en el “cementazo”. Que nadie se llame a engaño.

Igualmente, como distractor, no se debe atender si el Presidente tiene o no amigos. Todos los que están, y han estado, en su Consejo de Gobierno son sus amigos. Él los ha escogido o se los “han recomendado amigos”. NO se los han impuesto. ¿O se los han impuesto?

Todos los nombramientos que se hacen en Consejo de Gobierno son propuestos por el Presidente y su ministro del ramo, si es del caso, previamente analizados los nombres, con informe de la DIS, de respaldo. Y las recomendaciones que se hacen para puestos, que no son de elección del Consejo de Gobierno, es para amigos del Presidente, de ministros, del propio Consejo de Gobierno, del Partido Acción Ciudadana y de los cercanos amigos, del primer círculo de amigos, del Presidente.

Cuando la Presidencia de la República ha actuado contra funcionarios involucrados en el “cementazo” lo ha hecho a la fuerza por la presión pública. Nada por su propia iniciativa. El Presidente en este caso va a la retaguardia, en el cabús de tren del “cementazo”.

Esperemos de la comisión legislativa humo blanco, no humo negro.

El Presidente de la República al asumir el Gobierno, estableció un pacto con el pueblo, no solo el de la representación popular que él encarna de todos los costarricenses, sino que expresamente llamó a los ciudadanos a ser vigilantes de su actuación, cuando dijo:
“Efímero, el poder que ha sido depositado en mis manos no es ni un cheque en blanco ni una patente de corso. Muy por el contrario constituye un precioso acervo que, custodiado por el pueblo, éste delega de forma temporal en sus representantes para que lo administren con justicia y equidad. Por eso la prescripción constitucional también advierte que tal patrimonio puede ser reclamado por sus legítimos dueños si se incumple con el encargo recibido de la gente.

En esa convicción, reitero con todo respeto y sinceridad lo que tantas veces dije a mis conciudadanas y conciudadanos: cuando me equivoque, corríjanme; cuando me pierda, búsquenme; cuando flaquee, denme fuerzas. Si no les escucho, reclámenlo; si les abandono, si no estoy ahí cuando más me necesiten, si usurpare con aviesa intención la confianza depositada en mí con tanta generosidad por un pueblo que demanda honestidad y buen gobierno, repúdienme”.

Ante estas palabras, del Gran Jefe de la Casa de Cristal, la comisión legislativa y la propia Fiscalía General de la República, tienen el mayor de los deberes de su actuación.