¿Qué hay de malo?
Pedro Oller poller@ollerabogados.com | Martes 15 julio, 2008
Pedro Oller
En torno a las platas manejadas por el BCIE para la contratación de asesores de palacio, algunos afines al partido de gobierno y otros a la costumbre, hay más sensacionalismo periodístico que sustancia. Sin embargo, también se esconde, indudablemente, una costumbre de la que renegaron muchos de los acólitos al señor Presidente hasta verse beneficiados.Como ya había escrito en torno al mismo tipo de escándalo en la dizque administración Pacheco, el tema no es necesariamente por los intermediarios o por el cuánto. Sobre eso hay muchos, incluso en estas páginas, que consideran el asunto peccata minuta e indigno de la crítica. Se equivocan, primero porque se trata de dinero público, objeto de escrutinio y control que, tras la mampara de un tercero (sea CRUSA, Taiwán o el BCIE) y en notorio conflicto de interés evade precisamente los principios que deben regir a la administración pública.
No se trata, como escribió mi dilecto colega Tomás Nassar, de que “todo aporte que provenga de una fuente transparente, como el BCIE, debe ser bien recibido” si tras el mismo se ha tejido una tela de duda al callar no solo la fuente de los destinos, ni el mecanismo empleado que implica al Banco, sino también su destino, que, en algunos casos, resultan irrisoria y musicalmente injustificables.
Aquí lo que es censurable, lo que ha permitido el escandalillo y lo que han terminado de consolidar con sus negativas y respuestas a medias la Administración Arias, el BCIE y su representante designado por gobierno y muchos —no todos— de los beneficiados, es la falta de información y la falta de claridad.
Apostémosles a los aportes, a las contribuciones y al apoyo de asesores e instituciones comprometidas con el gobierno y con el país dentro del ordenamiento jurídico, no en paralelo. ¿Por qué es tan difícil esto y, en caso de que no lo sea, por qué debemos guardarlo como secreto de estado incluso cuando se descubre?
Comparto con don Tomás y con el gobierno que este asunto tiene tintes electoreros, más que institucionales. Cuidado muy dentro del propio Liberación Nacional que arde en precandidaturas, envidias y serruchadas de piso se origina la fuente de una información que ha quedado claro, es altamente confidencial.
Cuando alrededor de las noticias de la FARC y el protagonismo del precandidato Berrocal, que finalmente desencadenó en su destitución, propuse una comisión legislativa, me mordí la lengua. Sabía que poco podría lograrse en torno a un asunto altamente político, en un foro indudablemente político y con resultados previsiblemente políticos. No obstante, siendo la alternativa (léase, el Ministerio Público) tanto o más político, opté por la primera en aras al menos de control. La experiencia ha demostrado que no hay ninguno.
Tampoco lo habrá alrededor del bondadoso y sigiloso BCIE. En una comisión ordinaria, integrada por diputados de gobierno (PLN y quien la preside que fuera electo por el PUSC), la cosa parece todavía peor.
No obstante, hizo bien el diputado Bienvenido Venegas, la fracción del PAC y el Movimiento Libertario en activar simultáneamente los controles que debe ejercer la Contraloría y la labor investigadora y ojalá fiscalizadora del Ministerio Público. Estaremos atentos a los resultados que vengan de estas dos instancias y, esperanzados de que este sea el último intento por virtualizar el estado costarricense.
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