Pugna por Fiscalía habría desempolvado caso Arias
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 27 abril, 2011
Filtración de información a la prensa pudo haber sido para “sacarse el clavo” con Fiscal General, indican comparecientes
Pugna por Fiscalía habría desempolvado caso Arias
• Ex fiscala de Delitos Económicos se opuso a suspensión de indagatoria contra ex ministro
El nombramiento de Jorge Chavarría como fiscal general de la República habría desatado recelos a lo interno del Ministerio Público, los cuales generaron no solo una fuga de información de documentos legales, sino también el desempolvamiento de una investigación política que ya había realizado el Congreso anterior.
Por estos hechos, Chavarría, José María Tijerino, ex ministro de seguridad pública, y Rodrigo Arias, ex ministro de la Presidencia y precandidato de Liberación Nacional, se encuentran en medio de una rencilla política.
El primero de ellos, podría perder su puesto, tal como le pasó a Tijerino, quien presentó su renuncia esta semana, mientras que el verdiblanco ha sufrido un desgaste preelectoral.
Durante las audiencias en la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, varios comparecientes han dejado al descubierto que existió una pugna entre fiscales por la conveniencia o no, de realizar una indagatoria contra Arias.
Asimismo, hay quienes han manifestado que la fuga de información que originó la reapertura de la investigación política, pudo haber sido para “sacarse el clavo con el fiscal”.
El 4 de octubre pasado, la Corte Plena nombró a Chavarría como fiscal general, tras una votación que incluyó a otros aspirantes, entre ellos, Emilia Navas (ex fiscala adjunta de Delitos Económicos); Guillermo Hernández (fiscal adjunto de Narcotráfico), y Jeanette Arias (miembro de la Comisión de Género del Poder Judicial).
“Hay una pugna interna en el Ministerio Público y eso es evidente. Yo no sé si lo que sucedió es para sacarse el clavo con don Jorge, lo que sí sé, es que hubo disparidad de criterios a lo interno de la Fiscalía y eso está documentado, no sé de qué dimensión, ni por qué razones, pero hubo criterios jurídicos encontrados y en eso no estoy inventando el agua tibia o descubriendo un continente”, expresó Tijerino, quien dejará su cargo el lunes.
La investigación de los legisladores tiene como objeto determinar la veracidad de un supuesto tráfico de influencias políticas, tendiente a frenar una indagatoria judicial contra Arias, quien fue el responsable de canalizar una donación hecha al Gobierno anterior, por $2 millones para el pago de consultorías. La cooperación la brindó el Banco Centroamericano de Integración Económica.
El tema tomó relevancia en enero anterior, cuando el periódico La Nación publicó que el ex ministro Arias llamó a Tijerino para averiguar el estado de una indagatoria que realiza la Fiscalía en su contra por el manejo que hizo de dicha cooperación.
De acuerdo con las publicaciones periodísticas, Arias recibió la notificación del proceso en su contra el 8 de octubre del año pasado. Ese mismo día, tras un lapso de dos horas, Chavarría, quien empezaría a fungir en tan solo ocho días como fiscal general, solicitó a Lilliam Gómez, fiscala general interina, suspender la investigación.
El domingo 23 de enero, La Nación afirmó textualmente que: “La cancelación de la indagatoria se produjo luego de que el ex ministro de la presidencia llamara al ministro de seguridad, José María Tijerino, y este, a su vez, hablase con la fiscal adjunta que lleva el caso de Arias, Emilia Navas”.
Por los hechos señalados, los diputados crearon una comisión investigadora en el Congreso, para determinar el supuesto tráfico de influencias.
Sin embargo, lo publicado por La Nación fue desmentido por Navas en su comparecencia ante la comisión investigadora, al afirmar que Tijerino habló por teléfono con ella el 9 de octubre de 2010; es decir, un día después de que se suspendió la indagatoria contra Arias, por lo cual la llamada no pudo haber influido en esa decisión.
Asimismo, la ex fiscala indicó a los diputados que se opuso formalmente a la decisión de su superiora Lilliam Gómez de suspender la indagatoria contra Arias, por considerar que había elementos técnicos suficientes para continuar con el proceso.
“El día viernes 8 de octubre, doña Lilliam me dijo que don Jorge le pidió que dejaran sin efecto las indagatorias, porque él consideraba que no había delito y él quería revisar que nuestra decisión hubiera sido acertada. Yo le pedí que me girara la orden por escrito y me manifestó que para eso me estaba llamando, para decirme que me había mandado a mí y a los compañeros un correo con la orden por escrito. Efectivamente, esa noche revisé el correo y la orden, tal y como me la explicó vía telefónica, se encontraba en el documento que me envió vía correo electrónico. Yo le manifesté que no estaba de acuerdo por razones meramente legales y técnicas. El lunes siguiente, por escrito, le presenté una reconsideración”, indicó Navas.
Para Sianny Villalobos, diputada de Liberación nacional, la investigación que realiza la comisión es un show político para desfavorecer a Arias; asimismo, indica que no se está viendo todo el panorama.
reunieron con el objeto de analizar el caso de Arias.
Ese día se acordó realizar la indagatoria contra el ex ministro de la Presidencia, al considerar que había elementos técnicos y legales suficientes para llevar a cabo el proceso.
De esa reunión, se elaboró una minuta, la cual, a pesar de ser un documento legal de carácter privado, se filtró a la prensa, generando posteriormente la investigación política.
Sobre este tema, Rodrigo Rosales, abogado penalista, manifestó que la fuga de información proveniente del Ministerio Público a la prensa “es una indiscreción del tamaño de la Catedral”.
El abogado manifestó que el Código Penal no establece penas para quienes faciliten informaciones privadas y secretas a terceros, por lo que solo impone penas administrativas a los responsables de filtrar información.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Pugna por Fiscalía habría desempolvado caso Arias
• Ex fiscala de Delitos Económicos se opuso a suspensión de indagatoria contra ex ministro
El nombramiento de Jorge Chavarría como fiscal general de la República habría desatado recelos a lo interno del Ministerio Público, los cuales generaron no solo una fuga de información de documentos legales, sino también el desempolvamiento de una investigación política que ya había realizado el Congreso anterior.Por estos hechos, Chavarría, José María Tijerino, ex ministro de seguridad pública, y Rodrigo Arias, ex ministro de la Presidencia y precandidato de Liberación Nacional, se encuentran en medio de una rencilla política.
El primero de ellos, podría perder su puesto, tal como le pasó a Tijerino, quien presentó su renuncia esta semana, mientras que el verdiblanco ha sufrido un desgaste preelectoral.
Durante las audiencias en la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, varios comparecientes han dejado al descubierto que existió una pugna entre fiscales por la conveniencia o no, de realizar una indagatoria contra Arias.
Asimismo, hay quienes han manifestado que la fuga de información que originó la reapertura de la investigación política, pudo haber sido para “sacarse el clavo con el fiscal”.
El 4 de octubre pasado, la Corte Plena nombró a Chavarría como fiscal general, tras una votación que incluyó a otros aspirantes, entre ellos, Emilia Navas (ex fiscala adjunta de Delitos Económicos); Guillermo Hernández (fiscal adjunto de Narcotráfico), y Jeanette Arias (miembro de la Comisión de Género del Poder Judicial).“Hay una pugna interna en el Ministerio Público y eso es evidente. Yo no sé si lo que sucedió es para sacarse el clavo con don Jorge, lo que sí sé, es que hubo disparidad de criterios a lo interno de la Fiscalía y eso está documentado, no sé de qué dimensión, ni por qué razones, pero hubo criterios jurídicos encontrados y en eso no estoy inventando el agua tibia o descubriendo un continente”, expresó Tijerino, quien dejará su cargo el lunes.
La investigación de los legisladores tiene como objeto determinar la veracidad de un supuesto tráfico de influencias políticas, tendiente a frenar una indagatoria judicial contra Arias, quien fue el responsable de canalizar una donación hecha al Gobierno anterior, por $2 millones para el pago de consultorías. La cooperación la brindó el Banco Centroamericano de Integración Económica.
El tema tomó relevancia en enero anterior, cuando el periódico La Nación publicó que el ex ministro Arias llamó a Tijerino para averiguar el estado de una indagatoria que realiza la Fiscalía en su contra por el manejo que hizo de dicha cooperación.
De acuerdo con las publicaciones periodísticas, Arias recibió la notificación del proceso en su contra el 8 de octubre del año pasado. Ese mismo día, tras un lapso de dos horas, Chavarría, quien empezaría a fungir en tan solo ocho días como fiscal general, solicitó a Lilliam Gómez, fiscala general interina, suspender la investigación.
El domingo 23 de enero, La Nación afirmó textualmente que: “La cancelación de la indagatoria se produjo luego de que el ex ministro de la presidencia llamara al ministro de seguridad, José María Tijerino, y este, a su vez, hablase con la fiscal adjunta que lleva el caso de Arias, Emilia Navas”.
Por los hechos señalados, los diputados crearon una comisión investigadora en el Congreso, para determinar el supuesto tráfico de influencias.
Sin embargo, lo publicado por La Nación fue desmentido por Navas en su comparecencia ante la comisión investigadora, al afirmar que Tijerino habló por teléfono con ella el 9 de octubre de 2010; es decir, un día después de que se suspendió la indagatoria contra Arias, por lo cual la llamada no pudo haber influido en esa decisión.
Asimismo, la ex fiscala indicó a los diputados que se opuso formalmente a la decisión de su superiora Lilliam Gómez de suspender la indagatoria contra Arias, por considerar que había elementos técnicos suficientes para continuar con el proceso.
“El día viernes 8 de octubre, doña Lilliam me dijo que don Jorge le pidió que dejaran sin efecto las indagatorias, porque él consideraba que no había delito y él quería revisar que nuestra decisión hubiera sido acertada. Yo le pedí que me girara la orden por escrito y me manifestó que para eso me estaba llamando, para decirme que me había mandado a mí y a los compañeros un correo con la orden por escrito. Efectivamente, esa noche revisé el correo y la orden, tal y como me la explicó vía telefónica, se encontraba en el documento que me envió vía correo electrónico. Yo le manifesté que no estaba de acuerdo por razones meramente legales y técnicas. El lunes siguiente, por escrito, le presenté una reconsideración”, indicó Navas.
Para Sianny Villalobos, diputada de Liberación nacional, la investigación que realiza la comisión es un show político para desfavorecer a Arias; asimismo, indica que no se está viendo todo el panorama.
“La oposición ha tomado este tema para desacreditar al señor Arias, ya que él ha anunciado su precandidatura. Yo no quisiera ponerme a pensar mal y a hablar de supuestos. Los hechos deben hablar por sí mismos, cuando yo le pregunté a Navas si ella había participado en el concurso para ser fiscal general, ella contestó que sí; cuando le pregunté si había visto varios cambios de escritorio, ella respondió que sí, entonces simple y sencillamente llegamos a la reflexión, bueno, es que solo se ve una vía, un ataque directo al ex ministro Arias, pero no se está valorando un todo de lo que ha sucedido en este caso”, expresó Villalobos.
El 5 de octubre, Gómez, Navas y los fiscales Cristian Fernández y Juan Carlos Cubillo se reunieron con el objeto de analizar el caso de Arias. Ese día se acordó realizar la indagatoria contra el ex ministro de la Presidencia, al considerar que había elementos técnicos y legales suficientes para llevar a cabo el proceso.
De esa reunión, se elaboró una minuta, la cual, a pesar de ser un documento legal de carácter privado, se filtró a la prensa, generando posteriormente la investigación política.
Sobre este tema, Rodrigo Rosales, abogado penalista, manifestó que la fuga de información proveniente del Ministerio Público a la prensa “es una indiscreción del tamaño de la Catedral”.
El abogado manifestó que el Código Penal no establece penas para quienes faciliten informaciones privadas y secretas a terceros, por lo que solo impone penas administrativas a los responsables de filtrar información.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net