Premian una conducción deficiente de las instituciones que han puesto a Costa Rica en una situación nacional de declive en lo económico, social y político

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Privilegios ponen en riesgo finanzas

El tema de las altas pensiones para exdiputados, exmagistrados y otros extrabajadores de altos cargos del estado genera inequidad, por lo que urge una revisión de fondo al régimen especial que cobija y beneficia a integrantes de la rama judicial, legislativa y otros.
De acuerdo con medios nacionales, las pensiones de los exdiputados podrían poner en serios aprietos financieros al sistema si no se toman medidas correctivas y proporcionales a lo que reciben, eliminando ese 30% de aumento anual y eliminando todo tipo de prebendas y privilegios de que gozan ellos y sus familias.
Esa noticia supone una cachetada a los miles de jubilados que tienen que hacer su vida con apenas ¢78 mil o ¢150 mil por mes. A diferencia de ellos, más de 170 expadres de la patria reciben hasta ¢16 millones por mes y el que menos gana, recibe casi ¢6 millones mensuales todos con cargo al presupuesto nacional.
Las elevadas pensiones de jubilación que ganan altos dignatarios del Estado han sido motivo de gran debate en la opinión pública, pues los incrementos de las pensiones para los ciudadanos del común siempre están por debajo de lo que los privilegiados devengan.
Está claro que los montos que el país ha venido desembolsando por este concepto, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, representan un riesgo, para la sostenibilidad fiscal del país. La ofensa se profundiza si se considera que tales pensiones premian una conducción deficiente de las instituciones que han puesto a Costa Rica en una situación nacional de declive en lo económico, lo social y lo político.
En medio del debate que se produce en Costa Rica en torno al tema generado por las pensiones onerosas que representan una carga enorme al sistema nacional, pareciera que la lucha por ir al congreso de parte de la mayoría de los que aspiran a ser diputados, no es ganarse el reconocimiento de sus electores por sus “aportes” al bienestar colectivo, sino a acceder a privilegios y satisfacer su insaciable deseo de dinero y poder, en contra del interés común.
Este uso y abuso ha derivado en un presunto daño al patrimonio público por muchos millones de colones que no se supera con discursos. Este tema tiene una gran complejidad jurídica y la aparente falta de reglamentación por parte del gobierno ha dejado vacíos que cada grupo de diputados ha interpretado a su leal saber y entender y pareciera que la adquisición de todos estos privilegios no se fundamentó en derechos, financiamiento y gestión.
Finalmente, las implicaciones de fondo son mucho más graves, porque constituyen un agravio y una inmoralidad en un entorno nacional en el que más del 50% de la población se encuentra en situación de pobreza y muchos costarricenses se ven obligados a subsistir con el salario mínimo y a contribuir con el pago de esas megapensiones inexplicables.

Luis Fernando Allen Forbes

Director ejecutivo
Asociación Salvemos el Río Pacuare