Primer pulso por concesión de muelle limonense lo pierde el sindicato
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Trabajadores deberán convocar asamblea para que muelleros decidan suerte de proyecto
Primer pulso por concesión de muelle limonense lo pierde el sindicato
• Resolución no es vinculante, aduce líder de Sintrajap

Danny Canales
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La primera batalla en su lucha por evitar la concesión de los muelles del Caribe fue perdida por el sindicato portuario de Limón.
Contrario a su deseo, en un plazo de tres días deberá convocar a una asamblea para que los trabajadores decidan si aceptan la concesión o no.

La orden para celebrar el congreso de trabajadores la emitió este viernes el Ministerio de Trabajo.
El fallo da la razón a un grupo de muelleros, el cual se quejó de que el sindicato no les permite decidir la suerte del proyecto portuario.
La intención de este grupo, formado por el 52% de los muelleros del Caribe, es que el futuro del puerto se defina mediante una votación secreta de los empleados.
La resolución concluye que la función del sindicato es velar por los derechos de los empleados, de acuerdo con lo estipulado por la legislación laboral.

En caso de que la afiliación gremial no cumpla será llevada al Juzgado de Trabajo de Limón por prácticas sindicales desleales, dicta el fallo.
Sin embargo, la primera reacción del sindicato fue la de desafiar al Ministerio de
Trabajo, pues sus líderes aseguraron que la resolución no es vinculante.
Aun así, estudiarán la resolución la próxima semana, afirmó Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap.
El sindicato se ha opuesto en dos oportunidades a la petición de los trabajadores, argumentando que la concesión es ilegal.
El plan de modernización contempla entregar los muelles de Limón y Moín a una empresa privada especializada para que los opere.

Además el grupo que asuma las instalaciones deberá invertir al menos $80 millones en la ampliación y compra de equipo.
Adicionalmente se sacará una concesión que promoverá la construcción de un nuevo puerto con una inversión de $812 millones.
Para convencer a los trabajadores de que permitan las mejoras a los puertos, el Gobierno les ofreció una indemnización de $138 millones.
El fallo del Ministerio de Trabajo causó júbilo en el Poder Ejecutivo.
“Se acabaron las amenazas, los hostigamientos y la violencia de unos pocos”, expresó Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia, quien dijo que ahora la voz y el voto los tienen los empleados.
Por su parte, Marco Vargas, jerarca de Obras Públicas y Transportes, destacó que en la resolución del Ministerio de Trabajo primaron los derechos de los trabajadores.



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