Postes de telecomunicaciones invaden aceras y espacios públicos 

La instalación acelerada de postes de telecomunicaciones en zonas residenciales ha encendido las alarmas entre vecinos de diferentes comunidades del país, quienes denuncian una proliferación de estructuras sin control, sin criterio técnico y sin coordinación con los gobiernos locales.

En San José, Heredia y otros cantones del Gran Área Metropolitana, estas torres y postes están modificando el paisaje urbano e impactando la movilidad peatonal, la seguridad vial y la calidad de vida de los habitantes.

“Claramente, nadie quiere que le instalen un poste de telecomunicaciones frente a su casa cuando existen muchas otras opciones para construir infraestructuras ordenadas y en armonía con la ciudad”, señaló Adriana Fuentes, arquitecta y experta en planificación urbana.

El tema adquirió mayor peso luego de que el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo confirmó la clausura de un poste de telecomunicaciones en Pavas por incumplir la Ley General de Caminos Públicos.

La sentencia ordenó mantener visibles los sellos de clausura, al determinar que la estructura representaba un “riesgo inminente” al invadir el derecho de vía, estar ubicada en una curva y carecer del criterio técnico necesario para su instalación.

“No se trata de frenar la conectividad, sino de planificarla con visión. Cada poste mal ubicado o duplicado representa un retroceso en la calidad del espacio público, que es el alma de nuestras ciudades. Asimismo, cuando se instalan sin las precauciones necesarias, pueden representar un riesgo importante para los vecinos”, comentó Fuentes.

Vacío regulatorio

La reciente resolución judicial reabrió el debate sobre la ausencia de una política pública integral para ordenar la infraestructura de telecomunicaciones.

“Lo que estamos viendo es el resultado de años de improvisación. La tecnología es vital para el desarrollo, pero debe integrarse de forma armoniosa en nuestras ciudades”, indicó Fuentes.

Actualmente, la instalación de un poste depende del permiso que cada empresa solicita directamente a las municipalidades, bajo una normativa que no fomenta el uso compartido de infraestructura entre operadores.

“El espacio público no es un terreno vacío donde todo cabe; es un bien común que refleja quiénes somos como sociedad. Si no planificamos, convertiremos nuestras ciudades en zonas congestionadas, inseguras y poco habitables”, explicó Fuentes.

La experta destacó que el espacio público es limitado y que su distribución debe decidirse junto con las comunidades.

“En Latinoamérica el espacio público es un bien escaso, y cada metro cuadrado debe ser gestionado como prioridad, en conjunto con las comunidades, porque al final el espacio público es de todos los ciudadanos”, añadió.

Un plan nacional coordinado, en el que participen municipalidades, operadores y ciudadanía, se perfila como una opción viable para avanzar hacia una conversación donde se discuta el uso de infraestructura existente, se incorporen criterios técnicos, ambientales, y se definan zonas aptas para la colocación de torres o postes.

“Costa Rica enfrenta hoy un desafío decisivo y, como sociedad, nos urge que las autoridades competentes ordenen la situación tan crítica en la que nos encontramos, por el bien de todos los habitantes del país”, concluyó Fuentes.