Polémica de últimos días revive urgencia de regular operación de Uber, DiDi e inDriver

La polémica de los últimos días revive la urgencia de regular la operación de las plataformas digitales de transporte de personas como Uber, DiDi e inDriver.

Esto después de que el Consejo de Transporte Público (CTP) solicitara el viernes anterior demandar a estas empresas y bloquear el acceso de los costarricenses a sus servicios.

La petición la hizo Manuel Vega, titular del CTP –dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes– quien pdidió a la Procuraduría demandar a estas empresas y a Aresep y Sutel bloquear sus servicios en Costa Rica.

Sin embargo, expertos en tecnología, abogados, representantes de cámaras empresariales, de entidades reguladoras y diputados, han señalado que esto es imposible de realizar sin la orden de un juez penal, además de que en Costa Rica existe la neutralidad de red, donde no se permite el bloqueo de servicios.

Hasta el mandatario Carlos Alvarado se manifestó en contra del bloqueo de estas plataformas, dejando en el limbo la solicitud del CTP e instruyó a Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes, para hacerse cargo del tema.

Mientras tanto, decenas de taxistas se manifestaron este miércoles en San José donde exigen una indemnización en caso de no prohibir operación de aplicaciones móviles.

Y es que si bien es cierto se aplican fuertes multas económicas y el decomiso de vehículos a personas que sean sorprendidas brindando este servicio, no existe una política clara en cuanto a la legalidad o las reglas que priman en la prestación del servicio a terceros.

Incluso, con la entrada en vigencia del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los llamados servicios digitales trasfronterizos, es decir, que se disfrutan en el país pero que se prestan fuera de este, se incluyó el pago del 13% a cada viaje, lo que hizo pensar en una legalización de actividad, sin embargo, las autoridades salieron al paso indicando que esto no era así.

La necesidad que los socios conductores de estas plataformas cuenten con un seguro en caso de accidente, revisión técnica dos veces por año –como sucede en el caso de los taxistas¬– la unificación de las tarifas y limitar la cantidad de personas que ofrecen el servicio, son algunas de las garantías que se han planteado en diversos proyectos de ley desde la llegada de Uber a Costa Rica en agosto de 2015.

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Sin embargo, desde entonces se ha posponiendo la discusión de una ley que regule la operación de estos servicios en Costa Rica, donde se han redactado al menos cinco proyectos de ley diferentes que no han llegado a discusión en el Plenario.

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Hoy una vez más, en medio de los graves efectos económicos ocasionados por la pandemia de Covid-19, una severa crisis fiscal y el inicio del año electoral 2022, el Gobierno deberá tratar de solventar nuevamente esta situación, de la cual dependen más de 13 mil taxistas y unos 40 mil socios conductores de diversas plataformas tecnológicas.