PLN propone aumentar a 60 años retiro en el Poder Judicial

En vez de pensionarse a los 55 años, los empleados del Poder Judicial se jubilarían como mínimo a los 60 años, en caso de prosperar una recomendación que hará la bancada de Liberación Nacional.

El aumento en la edad de retiro tendría como objetivo darle sostenibilidad financiera al régimen de pensiones de la Corte y es tan solo una de las conclusiones a las que llegaron los verdiblancos tras varios meses de análisis.

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Sin embargo, si se compara con el IVM de la Caja, los burócratas del Poder Judicial aún estarían en ventaja, ya que los trabajadores del sector privado se pensionan entre los 60 y 62 años, dependiendo si son hombres o mujeres.

Actualmente, solo se requieren 55 años en el Poder Judicial y 30 años de servicio para jubilarse, lo cual ha generado un hueco financiero.

Otra de las recomendaciones de los verdiblancos está relacionada con aumentar el porcentaje de aporte mensual que dan los funcionarios de la Corte, no obstante, aún no se ha establecido un monto, dijo Ronny Monge, legislador del PLN.

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Por otra parte, también están sobre la mesa de discusión el establecimiento de una cuota solidaria para todas las pensiones, además de un tope máximo mensual.

La preocupación de Liberación se debe a que un estudio actuarial de la UCR determinó que el déficit del sistema jubilatorio es de ¢5,3 billones y que a partir de 2040 empezaría a declinar hasta agotarse en menos de una década.

“Hay una realidad y es que el fondo no es sostenible si no hacemos cambios. Las cosas no pueden seguir igual, hay que hacer un cambio profundo; sin embargo, creemos necesario incorporar las recomendaciones de los gremios y la UCR”, agregó Monge.

La comisión especial que analiza la situación del régimen de pensiones del Poder Judicial, tiene como fecha límite para dictaminar el 30 de julio, por lo que los diputados ya corren contra el tiempo.

Mientras tanto, Marcela Guerrero, diputada del PAC, hizo un llamado a los gremios del Poder Judicial para que respeten el acuerdo de apegarse a los fundamentos técnicos aportados por la UCR.

En ese sentido, lamentó la huelga iniciada por los empleados de la Corte el miércoles anterior para presionar a los diputados, para que usen como texto base de discusión, el proyecto que ellos habían presentado.

“El fondo no alcanza para darle sostenibilidad al régimen. No es justificable un llamado a huelga, cuando se ha invitado a un proceso de negociación para lo que queda. Confío en que encontraremos el mecanismo para tener el dictamen pronto”, indicó la legisladora.

Para el sector empresarial es evidente que el sistema de pensiones del Poder Judicial es un régimen de lujo, poco equitativo y con varios privilegios, sobre todo porque se otorgan sin tope, las cuales superan los ¢9 millones en algunas ocasiones, mientras que en el régimen del IVM la pensión máxima es de ¢1,5 millones. Según datos de la Supen, en tres años, las pensiones del Poder Judicial han crecido en más ¢2 mil millones.

“No se puede seguir destinando fondos a un sistema de pensiones que enfrenta déficit y que soporta privilegios excesivos y desmedidos. Es urgente que se les ponga un tope a los montos de las pensiones, pues la tendencia actual es insostenible y traerá consecuencias adversas para las finanzas públicas y por ende, para todos los costarricenses”, dijo Franco Arturo Pacheco, presidente de UCCAEP.