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Diputada cuestiona aumento salarial aprobado hace ocho años en el Poder Judicial

Jeffry Garza [email protected] | Martes 27 junio, 2017 04:31 pm

"Dichos aumentos, jamás han debido aplicarse en beneficio de quienes integraron en ese momento la Corte Plena en forma titular o suplente, incluido el presidente de la Corte", expresó Marcela Guerrero, diputada del PAC. Archivo/La República


Marcela Guerrero, legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestiona el aumento de salario base aprobado en agosto de 2008, para los altos mandos del Poder Judicial.

Guerrero consultó a la Procuraduría General de la República sobre la procedencia de que funcionarios públicos participen activamente en la aprobación, mediante su voto a favor, de un acuerdo que beneficie sus remuneraciones.

Los magistrados Luis Paulino Mora, Guillermo Rivas, Román Solís, Óscar González, Julia Varela, Alfonso Chaves, Magda Pereira, Carlos Chinchilla, Ana Virginia Calzada, Adrián Vargas y Ernesto Jinesta votaron en aquel año por el aumento salarial.

Dicha reforma, bautizada como “Índice de Alta Gerencia”, le costó al país un total de ¢430 millones, según la diputada rojiamarilla.

“Según la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento de la Función Pública (...), lo correcto es que tal aumento salarial solo se aplicara a los futuros servidores públicos que no participaron en la aprobación de dichos aumentos”, explicó Guerrero.

La legisladora también cuestiona el hecho de que los magistrados no consideraran en ese momento el impacto negativo en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial que tendría un aumento de ese tipo.

“Ahora estamos tratando de salvar las pensiones de los funcionarios del Poder Judicial, porque por la mala administración por parte del Consejo Superior y de la Corte Plena, se aprobaron beneficios sin el sustento técnico debido”, espetó Guerrero.

Asimismo, el pago debió ser considerado ilegal debido a que la remuneración base de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial no debe ser superior al de un juez de categoría cinco, pero con el aumento, estos funcionarios empezaron a percibir hasta ¢318 mil más de salario base que lo permitido.


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