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Menos de un mes después de que la Fiscalía secuestró el informe sobre las finanzas de campaña del presidente Rodrigo Chaves, terminó en manos de la prensa, según denunció Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo en el Congreso.
La congresista señaló que durante meses el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigó el tema por un par de años y nunca salió de esa institución, ya que era un documento preliminar.
No obstante, el 15 de enero anterior, por orden de Carlo Díaz, fiscal general, el Ministerio Público secuestró el documento y allí se empezó a filtrar.
“Don Carlos está tan obsesionado que consigue una autorización de la Sala III para secuestrar el expediente, por supuesto, con un gran despliegue de prensa y con la clara intención de divulgarlo, violando la ley que dice que todas las actuaciones durante la etapa de investigación de un proceso penal son privadas, porque vean qué raro, costarricenses, mientras el expediente estuvo en el Tribunal de Elecciones nunca se filtró nada, pero cuando pasa a manos de Carlos Díaz, en cuestión de días ya está ilegalmente en manos de La Nación y otros medios. Ni que fuéramos idiotas, don Carlos Díaz, perdón, por lo menos disimule un poquito mejor”, dijo Cisneros.
La diputada señaló que no hay nada de ilegal que investigar con las finanzas de campaña de 2022, ya que Rodrigo Chaves fue ratificado el 19 de septiembre de 2021, mientras que el cierre de Costa Rica Próspera fue el 18 de septiembre de 2021, un día antes.
Después de una investigación de tres años, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó de manera preliminar que Rodrigo Chaves, presidente de la República, Stephan Brunner, vicepresidente, y el canciller Arnoldo André serían responsables de al menos cuatro delitos electorales.
Lea más: (Video) Diputados critican supuesta estructura paralela en la campaña de Rodrigo Chaves
Se presume que la campaña que llevó a Chaves al poder en 2022 se benefició de dinero captado por dos estructuras paralelas que operaron al margen de la ley.
Esto, sin el control partidario de Progreso Social ni reportes mensuales de los donantes al TSE. De esta manera, la campaña pudo haber recibido dinero de empresas o extranjeros.
Una de las estructuras fue el fideicomiso Costa Rica Próspera y la otra fue la cuenta bancaria de Sofía Agüero. Ella es hija del diputado Waldo Agüero y coordinó la agenda de Chaves durante 2021.
El informe fue secuestrado por el Ministerio Público a mediados de mes.
Al presidente Chaves se le menciona como posible responsable de cometer tres delitos electorales, incluido recaudar fondos sin autorización del TSE. Los dos fideicomisos sumaron más de ¢248 millones.
La creación de una estructura ilegal de financiamiento para campañas políticas podría llevar a los responsables a enfrentar penas de cárcel de entre dos y seis años, según establece el Código Electoral en los artículos 275 y 276.
Este castigo busca prevenir el uso de mecanismos ilegales que permitan la entrada de recursos de empresas, extranjeros o actividades ilícitas en las campañas políticas.
El caso adquiere relevancia tras conocerse que la Fiscalía General secuestró a mediados de enero la documentación sobre la supuesta estructura paralela de financiamiento utilizada en la campaña.
