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Por medio de un video compartido con la prensa, Pilar Cisneros, jefa de fracción de Progreso Social y mano derecha del presidente Rodrigo Chaves en el Congreso, desmeritó la defensa de los ocho expresidentes de Costa Rica del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el proceso de levantamiento de inmunidad del mandatario.
Aludiendo a diversos casos de corrupción como “Cochinilla”, “Diamante”, “Cementazo” y la “Trocha”, entre otros, Cisneros señaló que los exmandatarios buscan defender la red de cuido de siempre, la cual ha evitado que los procesos judiciales avancen, perpetuándose en el poder ellos mismos.
La diputada no hizo diferencia entre los gobiernos del PLN, el PUSC y el PAC.
“Es natural, obvio, predecible que los expresidentes del bipartidismo y del desastroso PAC levanten su voz ante la posibilidad de perder su red de cuido (…) Por años nombraron a los magistrados que los cuidan, los protegen e impiden que los juicios por corrupción avancen o prescriben o los desestiman o fallan en la recolección de pruebas o los mantienen en gavetas por años y años. ¿Quién está condenado por la Trocha, Diamante, Cochinilla, Cementazo, Caja-Fischel y Alcatel?”, dijo Cisneros.
Según la legisladora, el TSE pretende “pasar por encima de nuestra Constitución y sacar del poder a un presidente legítimamente electo con más de 1 millón de votos y a quien solo le quedan 5 meses en el poder”.
“No es nada raro que los expresidentes respalden a su red de cuido y tampoco es extraño que otros países como Estados Unidos ya le estén poniendo atención sobre los atropellos a nuestra sólida democracia”, aseveró Cisneros.
Los ocho expresidentes de Costa Rica salieron hoy en defensa del TSE como institución garante de la democracia en Costa Rica.
Asimismo, pidieron a la comunidad internacional “no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales”.
El documento fue firmado por Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.
La petición surge luego de que el congresista republicano de los Estados Unidos, Mario Rafael Díaz-Balart, afín al presidente Donald Trump, convocara a la embajadora costarricense en Washington, Catalina Crespo, a una “reunión informativa” en torno al clima político en Costa Rica y el proceso que se le sigue a Chaves en el Congreso por supuesta beligerancia.
De ser encontrado culpable, Chaves podría ser destituido del cargo y ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por ocho años.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales. Vivimos momentos en que las tensiones políticas por un proceso electoral que se avecina se prestan para que algunos actores políticos locales que participan en la contienda busquen provocar el desprestigio y desacreditación del proceso electoral”, indica el documento.
Los exmandatarios señalaron que Costa Rica “es la más antigua democracia ininterrumpida de América Latina y una de las pocas democracias plenas del mundo”.
"La solidez, independencia y profesionalismo de sus instituciones electorales han sido reconocidas a nivel internacional, de lo cual dan crédito los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el país ha recibido de manera ininterrumpida desde 1962”, indica la comunicación.
El documento señala que la investigación contra Chaves por beligerancia que se sigue en el Congreso a petición del TSE “contempla garantías rigurosas que incluyen la posibilidad de descargo por parte del señor presidente Chaves y una votación calificada, evitando así su politización”.
Los diputados analizan una solicitud del TSE para levantar la inmunidad del presidente Chaves y permitir que sea investigado por el presunto delito de beligerancia política, una figura que sanciona el uso de recursos públicos o manifestaciones electorales para favorecer a un partido o candidatura.
De ser encontrado culpable, Chaves podría ser inhabilitado para ejercer cargos en el Gobierno por hasta cuatro años, e incluso separado del cargo de presidente.
Esta es la segunda ocasión que Chaves enfrenta un proceso de esta naturaleza en lo que va del año. En el anterior proceso, relacionado con el supuesto delito de concusión —una forma de corrupción—, la moción no obtuvo los votos suficientes para prosperar en el plenario.
Chaves, quien ha insistido en que es víctima de una persecución política, aseguró que enfrentará este nuevo proceso “con la verdad, con la lógica y con el escrutinio de la razón”.
