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A partir de ahora, ninguna organización podrá encubrir casos de abuso sexual contra menores de edad o personas con discapacidad sin enfrentar consecuencias legales.
La Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca poner fin al secretismo institucional frente a estos delitos.
La iniciativa establece que las organizaciones que encubran estos delitos enfrentarán responsabilidad civil solidaria y plazos de prescripción extendidos.
El plan cubre a Organizaciones y asociaciones comunitarias, deportivas, religiosas y sociales, así como personas jurídicas.
El Frente Amplio, impulsor de la reforma, propuso incluso modificar el secreto de confesión de sacerdotes, responsabilizando a las organizaciones que silencien o oculten delitos sexuales.
Según el legislador del Frente Amplio, Antonio Ortega, muchos abusos ocurren en ámbitos de confianza, sin dejar marcas físicas y generando temor o vergüenza en las víctimas, lo que dificulta la denuncia.
