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Pocos minutos después de que la presidenta Laura Fernández acusara a la Sala IV de cometer un golpe de Estado, los partidos de oposición en el Congreso se pusieron del lado del máximo tribunal.
Esto, al considerar que el grupo oficialista Pueblo Soberano ha boicoteado el nombramiento de los nuevos magistrados suplentes de la Sala Constitucional y, más importante aún, que ese tribunal tiene que seguir funcionando para garantizar la justicia pronta y cumplida que demandan los costarricenses en materia de la Constitución.
“La fracción Liberación Nacional rechaza categóricamente las peligrosas e irresponsables declaraciones emanadas desde la Casa Presidencial esta mañana. Es absolutamente claro que la responsabilidad por el no nombramiento de magistrados suplentes es del partido oficialista. En esta Asamblea Legislativa se sometió múltiples veces a votación esta decisión de nombrar magistrados suplentes y el partido Pueblo Soberanoconstante y permanentemente bloqueó esa decisión. Esa captura del Poder Judicial, ese intento por cerrar la Sala Constitucional, es un atentado contra los derechos de los ciudadanos, es una afectación directa al acceso a la justicia constitucional”, dijo Álvaro Ramírez, jefe del PLN.
La polémica está relacionada con la decisión de cuatro magistrados de la Sala IV de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes actuales, hasta que la Asamblea Legislativa nombre a los nuevos funcionarios.
En ese sentido, José María Villalta, del Frente Amplio, cuestionó cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno en este asunto.
“Las pavas tirándole a las escopetas. ¿Cómo va a hablar el Gobierno de un golpe de Estado cuando ellos son los que han intentado paralizar y sabotear al Poder Judicial, al no nombrar a los magistrados para dejar la Sala IVsin poder funcionar, sin poder conocer los casos y la Corte Plena sin poder tramitar los casos de corrupción contra ellos mismos? Ellos han estado haciendo un ataque directo para que la Sala IV no pueda funcionar y, obviamente, los tribunales de justicia tienen que continuar con el servicio público y, si no nombran los suplentes, tienen que continuar los que están porque, de lo contrario, se genera un vacío y una parálisis del Poder Judicial”, dijo José María Villalta, del Frente Amplio.
Finalmente, Claudia Dobles, del partido Agenda Ciudadana, señaló que “es muy preocupante ver las declaraciones temerarias y absolutamente irresponsables de la presidenta de la República y del partido Pueblo Soberano”.
“Recordemos que el partido Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa lleva meses bloqueando la posibilidad de que la Sala Constitucional tenga magistrados suplentes. Preocupa también que esto viene en un marco de guerra abierta del Ejecutivo contra el Poder Judicial, en donde ya han dicho que tienen el Poder Ejecutivo, que tienen el Poder Legislativo y que van por el Poder Judicial. Esto no es digno de una de las democracias más sólidas de toda la región y no es lo que se merece Costa Rica”, destacó Dobles.
Acompañada de los diputados oficialistas de Pueblo Soberano, la presidenta Laura Fernández calificó de “golpe de Estado” la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera indefinida a los magistrados suplentes del máximo tribunal.
En un mensaje de cuatro minutos, la mandataria señaló que Costa Rica no puede permitir el atropello a la Constitución Política, a la vez que aseguró que los cuatro magistrados que avalaron esa decisión “son golpistas”.
“No podemos dejar pasar la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera ilegal e inconstitucional el nombramiento de magistrados suplentes, cuyo periodo venció desde el 16 de diciembre del año pasado, del año 2025. Esto es, ni más ni menos, que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, quien es el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados. No podemos aceptar que se violente de manera categórica el principio de división de poderes, fundamental en un sistema democrático y de derecho”, dijo Fernández.
En una sentencia histórica para el ordenamiento jurídico costarricense, la Sala IV prorrogó el jueves por la noche el nombramiento de todos los magistrados suplentes de ese tribunal, hasta que los diputados nombren a los nuevos funcionarios judiciales.
De esta forma, siendo juez y parte, el órgano constitucional resolvió un recurso de amparo en contra de la Asamblea Legislativa.
La decisión permitirá que la Sala Constitucional realice su labor de manera normal y que los casos que no se podían resolver por inhibitoria de los magistrados titulares sean analizados y votados por los magistrados suplentes.
Para mediados de julio, al menos 120 costarricenses esperaban una resolución judicial sobre medicamentos, pensiones, becas y vivienda, entre otros temas.
El proceso de nombramiento lleva siete meses en discusión y los legisladores, en once ocasiones, no han logrado ponerse de acuerdo.
Esto, porque la bancada oficialista de Pueblo Soberano (31 legisladores) ha vetado la lista enviada por la Corte Suprema de Justicia, que, a su vez, envió en dos ocasiones la misma nómina de 18 aspirantes para nombrar a nueve personas. Para nombrar un magistrado titular o suplente se requieren 38 votos.
