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Múltiples intereses complican acuerdo fiscal en Asamblea

Esteban Arrieta [email protected] | Viernes 01 septiembre, 2017

“Es importante que se cuantifique cuál sería el impacto en las finanzas públicas, tanto del eventual aumento del impuesto como de la reducción de los gastos”, aseveró Karla Prendas, jefa de Liberación Nacional. Esteban Monge/La República



Una maraña de intereses contrapuestos hace imposible un acuerdo para aprobar nuevos tributos en la Asamblea Legislativa, ya sea a través del IVA y/o varios cambios a la renta.

En estos momentos, no hay combinación posible, para que Casa Presidencial sume los 38 votos que se requieren para establecer nuevos tributos y menos validar una vía rápida para tal fin.

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Si el mandatario Luis Guillermo Solís accede a recortar los pluses salariales de los empleados públicos como demandan Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, se quedaría sin el respaldo del Frente Amplio y por lo menos la mitad de los diputados del PAC, quienes no estarían dispuestos a aprobar el proyecto.

En otro escenario, si Solís se casa con la postura de Frente Amplio, se comprometería solo a revisar los salarios de los altos jerarcas, dejando por fuera el sistema de incentivos vigente, que incluye anualidades y dedicación exclusiva, que son una demanda de los verdiblancos para nuevos gravámenes. 

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A ello, hay que sumarle la oposición de otros grupos minoritarios como el Movimiento Libertario que comanda Otto Guevara y Alianza Demócrata Cristiana, que dirige Mario Redondo, quienes tienen la capacidad de congelar el debate parlamentario.


“Estamos claros de que tenemos que seguir trabajando en el tema del déficit fiscal, hay que ver el tema de reglas fiscales, el asunto de gasto público y de nuevos impuestos, pero en una forma segregada, no en un proyecto único y mucho menos darle vía rápida. Jamás podrá estar primero la aprobación de nuevos impuestos, ya que se corre el riesgo de que no se contenga el gasto”, dijo William Alvarado, jefe de fracción del PUSC.

La propuesta gubernamental incluye la sustitución del impuesto de ventas por uno al valor agregado que aumentaría el tributo actual de un 13% a un 15%.

Asimismo, permitiría al Estado cobrar nuevos rangos en cuanto a la renta a los salarios y servicios que hoy se encuentran exonerados como Spotify, Netflix o cualquier compra por Internet.

Desde 2011, el déficit fiscal ha venido subiendo hasta alcanzar un 5,2% del PIB el año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, quien señala que Costa Rica tiene una de las cargas tributarias más bajas si se compara con la de los países de la OCDE, América Latina y Asia, entre otras regiones.

Un tema dentro de la propuesta fiscal que ha generado un rechazo generalizado, es la exoneración a las iglesias —sin importar su credo— por parte de los partidos políticos y sindicatos del pago del impuesto sobre la renta.
Esto, sin importar el llamado de exministros de Hacienda como Édgar Ayales y otros economistas y académicos de reformar el sistema tributario.

“Jamás podríamos ver primero la aprobación de nuevos gravámenes, si no se ha corregido el excesivo gasto del Estado. Creo que es importante que se cuantifique cuál sería el impacto en las finanzas públicas, tanto del eventual aumento del impuesto, como de la reducción de gastos”, aseveró Karla Prendas, jefa de Liberación Nacional.

 

Viejo problema
El déficit fiscal viene creciendo desde 2011 (cifras en porcentaje de acuerdo al PIB).

Año 

Déficit

2016

5,2

2015

5,7

2014

5,6

2013

5,4

2012

4,3

Fuente Ministerio de Hacienda


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