Luces, sombras y rescate de la CCSS

Los costarricenses nos vanagloriamos de nuestro sistema de salud. Tenemos buenos indicadores: a) la esperanza de vida al nacer más alta en América Latina (más de 79 años); b) una baja mortalidad infantil (8,5 por mil), y c) una alta cobertura de la seguridad social (cerca del 90%).
Pero somos un sistema caro: cerca del 11% del PIB lo destinamos a la salud (7% es gasto público). Es decir, nuestro país gasta en salud cerca de US$ 1.500 anuales por habitante (en términos de poder de compra). Costa Rica es el país que más gasta en salud de América Latina (Chile, por ejemplo, gasta menos del 8%, teniendo indicadores de salud equivalentes).
Además, somos el país del mundo que mayor porcentaje del gasto público destina a la salud: cerca del 28%, muy por encima del 21% del año 2001 y muy por encima del 19,8% de Estados Unidos, y del promedio europeo (entre el 15% de Reino Unido y el 20,6% de Holanda).
Por tanto, si queremos mejorar los servicios públicos de salud de la CCSS, no es viable aumentar sus gastos por encima del crecimiento de nuestra economía. Tenemos que mejorar la prestación de los servicios, sin aumentar desmedidamente los gastos. Recuérdese que todavía no enfrentamos los efectos de una sociedad envejecida, que requerirá prestaciones sanitarias mucho más complejas y costosas.
No podemos sostener aumentos de personal y de remuneraciones en la CCSS como los que vivimos en años recientes, y no podemos promover la voracidad de los entes recaudadores de la seguridad social porque las cuotas ya son muy altas (cerca del 35% sobre los salarios son cargas sociales) y porque tenemos niveles de desempleo y de informalidad muy altos. Si se aprieta demasiado a la sociedad, no obtendremos más ingresos sino más quiebras, desempleo o informalidad.
Los costarricenses estamos comprometidos con la Caja. Al mismo tiempo, sin embargo, sentimos que la institución ha perdido humanismo y ha aumentado mucho el centralismo, las listas de espera y el gasto, sin mejoras proporcionales en la prestación de los servicios de salud (las consultas con especialistas y las cirugías por habitante han decaído en los últimos 13 años).
Hemos puesto a médicos, enfermeras y profesionales de salud a participar en decenas de comisiones, a llenar papeles y procedimientos administrativos, y hemos restado el tiempo que deberían dedicar a prestar servicios a los costarricenses.
El resultado previsible son listas de espera crecientes, y son miles los amparos y quejas en la Defensoría por citas que sobrepasan un año. La asignación de plazas y de especialidades no compagina con las necesidades de salud y se gasta mucho en burocracia y en administración.
No se trata de encontrar chivos expiatorios (ni mucho menos de denigrar a los profesionales). Se trata de rescatar la Caja de la modorra, recuperar el compromiso ético e institucional y dar respuesta a nuestros compatriotas. Todavía es posible.

Rodolfo E. Piza Rocafort

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