Los tentadores fondos de pensiones

Los tentadores fondos de pensiones

Los fondos de pensiones gestionan una cantidad nada despreciable de recursos, tanto en forma de aportaciones de los trabajadores a los regímenes básicos como de ahorro previsional individual, en el caso del sistema de capitalización.

El ahorro que los trabajadores realizan a través de ellos tiene algunas características particulares: por tratarse de fondos para la jubilación no se puede disponer de él en cualquier momento, idealmente requiere ser invertido a muy largo plazo y tiene carácter obligatorio.

Estas características, aunque necesarias para asegurar que las personas que se acercan a la edad de jubilación puedan seguir contando con algún ingreso una vez que abandonen la fuerza laboral, generan poco interés de los ahorristas en la forma en cómo son gestionados estos recursos.

Esto crea complicados conflictos entre los intereses de los ahorristas y de los gestores que, sin una adecuada supervisión gubernamental, puede conducir a que los primeros resulten perjudicados, especialmente en términos del costo que significa esa “administración profesional” y, consecuentemente del monto que recibirán una vez se jubilen.

Son tentadores los fondos de pensiones para los políticos, los que cada cierto tiempo y con mayor frecuencia, proponen esquemas peligrosos que suponen el empleo de esos recursos para financiar ciertas acciones o proyectos específicos o, en tiempos como los actuales de elevados déficits gubernamentales, pretenden que sigan financiando al Gobierno, sin importar la exposición al riesgo ni tampoco si estos ahorros para el retiro se verán afectados negativamente por la baja diversificación de las inversiones.

Por más necesidades de infraestructura que el país tenga, es un error pretender que los fondos de pensiones se dediquen obligatoriamente a financiar proyectos de obra pública. Hacerlo de esa forma no solo iría en contra de los intereses de los ahorristas debido a la ausencia de una buena gestión financiera sino que además, con el desastroso récord del país en esa materia, podría poner en peligro los fondos en proyectos no rentables o mal diseñados.

Por supuesto que un fondo bien administrado debería poder invertir una porción de su portafolio en instrumentos relacionados con obra pública, pero luego de un adecuado análisis y con criterios de diversificación, nunca por imposición política a través de una legislación.

Debería exigirse mayor profesionalismo a los gestores, es inadmisible que una porción elevada de los recursos para el retiro de los trabajadores sea consumido por las comisiones asociadas a la gestión de un portafolio excesivamente concentrado en bonos del Gobierno costarricense y sobreenfocado en la rentabilidad.

Es necesario también que, en ausencia de mayores opciones locales más allá de la deuda pública, los fondos miren a los mercados internacionales para sus inversiones, por supuesto también bajo una estricta valoración de riesgo y de rentabilidad y evitando que el glamour de los mercados mundiales ciegue a los gestores locales, traduciéndose en elevados costos para los trabajadores.

Todo es cuestión de crear incentivos apropiados —a través de regulación y un marco de gobernanza efectivo— que eviten conflictos de interés, protegiendo el ahorro para el retiro de la voracidad fiscal y de la codicia de los administradores. Todos los demás beneficios que este ahorro puede tener para la economía nacional vendrían por añadidura, sin necesidad de ocurrencias.

*Las opiniones vertidas en este artículo son de carácter personal

José Luis Arce

Socio y director de Programas de Consejeros Económicos y Financieros, S.A. (Cefsa)