Los buenos propósitos de la Alianza de las Américas para el Progreso Económico merecen convertirse en realidades

Miguel Angel Rodríguez marodrige@gmail.com | Lunes 06 febrero, 2023

El pasado 27 de enero se firmó la Declaración de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP por sus iniciales en inglés The Americas Partnership for Economic Prosperity) que propuso el Presidente Biden en la inauguración de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el pasado 8 de junio de 2022.

Esta Declaración es solo un primer paso en la definición de la Alianza, ahora se requiere concretar los instrumentos y los recursos con los que contará, y las políticas que promoverá.

Describo los objetivos propuestos y después comento algunos requisitos para que la Alianza pueda ser efectiva, y no solo una declaración más.

La Alianza se propone la cooperación entre las naciones que la constituyen para crecer más rápido mediante la competitividad de sus economías, con mayor inversión pública y privada, con políticas que hagan sostenible el crecimiento y que la prosperidad que se genere sea compartida.

La Declaración de la APEP resalta la necesidad de:

1. “acelerar el crecimiento económico de la región en aras de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar que los beneficios de este crecimiento se difundan ampliamente”

2. “la imparcialidad y la competitividad en mercados abiertos (como) esenciales para la vitalidad de nuestras instituciones democráticas”

3. “colaborar con el sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, la evasión de impuestos, el blanqueo de dinero y otros flujos financieros ilícitos, en consonancia con nuestras obligaciones multilaterales”

4. “que nuestra cooperación económica abarque labores conjuntas para fomentar la igualdad de género, la participación de las mujeres en la fuerza laboral y su empoderamiento”.

5. “alcanzar un enfoque integrador, basado en los derechos humanos en materia de política económica que no abandone a nadie…”

6. “cooperar en torno a soluciones innovadoras para que la administración pública mejore el acceso a los servicios públicos y su prestación, y respalde la movilización de los recursos nacionales.”

7. “una gobernanza más robusta y la adhesión al estado de derecho, impulsadas por los principios de transparencia y responsabilidad.”

8. “reforzar la diversidad, sostenibilidad y resiliencia de nuestras cadenas de suministro ampliando vínculos comerciales regionales, así como fomentar las infraestructuras de calidad.”

9. “generar una mayor integración económica en la región y aumentar la colaboración en materia de aduanas, facilitación del comercio, logística y buenas prácticas reglamentarias; abordar los obstáculos no arancelarios; y promover inversiones sostenibles de calidad.”

10. “promover un comercio que fomente los derechos de los trabajadores y la seguridad económica…”

11. “movilizar una mayor inversión pública y privada que aumente el bienestar de nuestros pueblos, entre otras, mediante mejoras en la educación, la nutrición y la sanidad, las garantías sociales y las infraestructuras públicas.” y

12. “revitalizar las instituciones económicas y financieras regionales y colaborar en las reformas con visión de futuro de las instituciones financieras y crediticias multilaterales.”

Son objetivos loables y muy necesarios en medio de las dificultades tan serias que enfrenta América Latina que amenazan con convertirse en dos décadas perdidas. La región sufre por la desaceleración posterior a la Gran Recesión, agravada por la covid-19, el quiebre de las cadenas de valor internacionales, la invasión rusa a Ucrania, la inflación, los aumentos en las tasas de interés y la magnitud de la deuda pública de la mayoría de las naciones.

Los países que con EEUU lanzan la APEP son Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Se incluyen todas las naciones americanas que tienen Tratados de Libre Comercio con EEUU. Solo Barbados, Ecuador y Uruguay no los tienen. Todos ellos, salvo Chile, Panamá, Perú y Uruguay, tienen a EEUU como su principal socio comercial.

Se incluyen los únicos cuatro países del continente: Uruguay, Canadá, Costa Rica y Chile con democracias plenas según su orden en el Índice de Democracia de The Economist 2022 publicado la semana recién pasada . Los demás incluido Estados Unidos se encuentran en la segunda categoría (democracias defectuosas) salvo Barbados, que no está incluido entre los países clasificados, y Perú, Ecuador y México que son clasificados en la tercera categoría como regímenes híbridos.

¿Qué sigue ahora para que la Alianza rinda frutos en beneficio de los habitantes de las naciones que la integran?

En una conferencia de prensa el pasado 30 de enero José Fernández, Subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los EEUU indicó: “lo que firmamos el viernes, fue una declaración de principios. Una declaración que tiene unas tres páginas, en la cual hablamos de los objetivos que vamos a perseguir y qué es lo que vamos a negociar. Lo que ahora tenemos que hacer en los próximos meses es negociar un documento en el cual, con mucho más detalle, hablemos de exactamente qué es lo que queremos hacer” … “Ahora, comenzando ya, entablaremos una serie de negociaciones con compromisos y otras áreas de colaboración, y, tras negociar un marco sólido con nuestros fundadores, vamos a acordar mecanismos con los socios fundadores a través de los cuales se pueden adherir otros países del hemisferio”.

Finalmente el Subsecretario Fernández sobre este tema manifestó: “hoy en día las críticas que recibimos de empresas, cuando titubean al invertir en nuestra región, es decir, bueno, no estoy invirtiendo no por temas tarifarios, hoy en día las tarifas en muchos casos son mínimas o cero, sino lo que nos dicen es no lo hacemos porque hay problemas del Estado de derecho, no confiamos en los tribunales, hay temas de corrupción, nos es difícil, como decía antes, mover un componente de un lugar a otro y nuestros productos no se fabrican en un solo país. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es crear unas reglas de conducta que mejoren la estabilidad en los países, mejoren la condición de los trabajadores y hagan a nuestro continente un sitio más competitivo no porque hemos reducido las tarifas, cosa que lo hemos hecho en general con los con los miembros de esta Alianza, sino porque es una zona más estable, es una zona en que tenemos mucha más confianza que vamos a poder continuar invirtiendo y creando clase media”

Me permito reflexionar sobre algunas de las características que deberían revestir los siguientes acuerdos para que esta Alianza sea una realidad de progreso compartido y no solo una expresión de buenos propósitos.

En primer lugar, es necesario tomar en consideración que como lo señala la ultima cita del Subsecretario José Fernández el progreso deseado demanda cambios no solo en las políticas económicas sino también en las realidades políticas y en la cohesión social que en nuestra región han sufrido grave deterioro.

En segundo lugar, es necesario reconocer las diferencias que en ambos temas económicos y políticos se dan entre las diversas naciones de América Latina. Por eso como siempre ocurre con las políticas públicas, las necesarias reformas económicas, políticas y sociales para crecer sostenible, innovativa y participativamente deben adecuarse a las circunstancias de cada nación.

Para resolver las fallas de los mercados debemos actuar solo si sabemos como remediarlas y si se cuenta con la institucionalidad necesaria para hacerlo sin caer en falles del estado que pueden incluso empeorar la situación inicial.

En algunas ocasiones es imposible una acción racional por no saber cuáles políticas económicas son las convenientes para alcanzar esos fines, pero en otras ocasiones la dificultad estriba en no tener la capacidad para implementarlas políticamente. En estas ocasiones la Alianza debe promover incentivos que tornen políticamente atractivas las políticas públicas beneficiosas para alcanzar sus metas.

La interacción entre ventajas para el crecimiento compartido y sostenible y la viabilidad política de las diversas acciones obliga a considerar, cuidadosamente, el orden y la velocidad más adecuadas para establecer exitosamente en cada nación de la Alianza las políticas públicas que surjan del afinamiento de los objetivos e instrumentos recomendados.

Finalmente como parte de ese afinamiento se debería recomendar a las naciones que integran esta Alianza cuales políticas públicas deben ser evitadas a toda costa, pues se conocen sus efectos negativos para el bienestar de la población, que a menudo causan más daño a las familias más necesitadas.

En especial es muy conveniente que los integrantes de la APEP tengan siempre presentes los límites de conocimientos y recursos y la incertidumbre en que siempre se actúa, y considerar la conveniencia de la gradualidad en la adopción de los cambios.

La Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica es una buena iniciativa. Pero sus resultados dependen de la racionalidad con que se definan sus instrumentos y políticas, así como de los recursos intelectuales y financieros que se destinen a cumplir con sus loables objetivos.

Los buenos propósitos de la Alianza de las Américas para el Progreso Económico merecen convertirse en realidades

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