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Es el primer recurso de lo que probablemente será una larga lucha legal sobre la política de inmigración de la nueva administración de Donald Trump.
Los fiscales generales de 22 estados de EE.UU. presentaron demandas para bloquear la orden ejecutiva, firmada por el presidente poco después de su toma de posesión el lunes, para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Ésta es una práctica migratoria centenaria que se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza que los niños nacidos en Estados Unidos serán ciudadanos independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La orden de Trump, titulada "Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", estipula que la administración ya no reconocerá la ciudadanía automática a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, siempre y cuando ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
En su primer mandato, Trump amenazó con tomar medidas similares, pero no las llevó a cabo.
La primera demanda, presentada en Massachusetts por una coalición de 18 estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York y California, alega que la orden ejecutiva de Trump viola los derechos constitucionales de miles de niños.
Agrega que ésta "impone costos indebidos" a las jurisdicciones locales que perderían la financiación federal vinculada a los seguros médicos infantiles.
La demanda acusa a Trump de intentar eliminar un "principio constitucional bien establecido y de larga data".
"El presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o una ley debidamente promulgada. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer", afirma la demanda.
A esta demanda también se sumaron el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco.
Otro grupo de cuatro estados -Arizona, Oregon, Illinois y Washington- presentaron otra demanda por separado en Seattle.
Varias organizaciones de derechos civiles y legales también presentaron recursos legales en New Hampshire y Massachusetts, "en nombre de los padres cuyos hijos no serían elegibles para la ciudadanía" bajo la orden ejecutiva de Trump.
Los fiscales generales demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento es una ley establecida y que, aunque los presidentes tienen amplia autoridad, "no son reyes".
"Durante más de 150 años, nuestro país ha seguido la misma regla básica: los bebés que nacen en este país son ciudadanos estadounidenses", dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, en una conferencia de prensa el martes.
"(Trump) tiene derecho a promulgar una política que considere adecuada para el país", pero "este es un acto extremo y sin precedentes", declaró Platkin. "Esto no es solo un ataque a la ley. Es un ataque a la esencia misma de esta nación".
"Los presidentes de este país tienen un amplio poder. Pero no son reyes", dijo Platkin.
Y agregó: "El presidente no puede, con el trazo de una pluma, borrar de la existencia la 14ª Enmienda. Punto".
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que la medida de Trump "no sólo es inconstitucional, es profundamente peligrosa".
La serie de recursos legales indica que el esfuerzo de Trump probablemente enfrentará una larga batalla legal y podría quedar estancado en los tribunales, lo que impediría que entre en vigor el próximo mes como estaba planeado.
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
"Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales", le dijo a la BBC Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia.
"Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta".
Pero la Casa Blanca indicó que está lista para enfrentar a los estados en los tribunales y calificó las demandas como "nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda".
"Los izquierdistas radicales pueden optar por nadar contra la corriente y rechazar la voluntad abrumadora del pueblo, o pueden sumarse y trabajar con el presidente Trump", dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields.
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