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En medio del proceso de levantamiento de inmunidad del presidente por el supuesto delito de beligerancia política, Rodrigo Chaves convocó a los representantes de las radios católicas y evangélicas a conversar sobre la subasta de frecuencias de radio y televisión.
De momento, Casa Presidencial solo citó a los representantes de esos dos sectores, dejando por fuera a todas las radios comerciales.
Y es que evitar una afectación al sector conservador en este tema es fundamental para el mandatario en estos momentos, ya que el partido Nueva República podría ser decisivo en el proceso de levantamiento de inmunidad, pues sus votos inclinarían la balanza a favor de los opositores que desean despojarlo de su beneficio para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) avance con su investigación.
En total, la oposición requiere 38 votos y los 7 de Nueva República serían el empujón final.
“Los montos definidos en la subasta generan un riesgo inminente de apagar las señales. Se apaga una señal y no solo se pierde un espacio de esperanza, de formación humana y de solidaridad, también se pierde la posibilidad de compartir el evangelio y salvar almas (…) El gobierno se dice conservador, pero con el pueblo cristiano de Costa Rica no se vacila. No permitiré que quieran verles la cara de tontos. Nueva República irá a la guerra a defender la difusión del mensaje de fe en todo el territorio nacional. No queremos convertirnos en México, donde es prohibido comunicar el evangelio por radio y televisión. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para detener este atropello a la libertad religiosa. Esta es una medida abusiva, violenta y muy crítica en contra de nuestros valores conservadores”, dijo Fabricio Alvarado, líder y candidato de Nueva República.
A la fecha, más de 60 radioemisoras han señalado que no participaron en la subasta que venció el viernes anterior, debido a los altos precios que fijó la Sutel.
Columbia, Cadena Radial Costarricense (CRC), Grupo Musical y Radio Sinfonola son algunas de las más icónicas. La medida también ha afectado a todas las emisoras de corte evangélico.
Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, ha señalado que los concesionarios actuales pagan montos “ridículos” en comparación con el valor real del recurso.
Como ejemplo, la jerarca señaló que una frecuencia de televisión se alquila por ¢120.000 al año, mientras que una radio paga únicamente ¢6.000 anuales por operar en FM.
Por su parte, los precios base definidos para la subasta representan un salto significativo: de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial La Gaceta, las frecuencias para televisión con alcance nacional inician en $1,6 millones, mientras que en el caso de radio el precio base se fijó en $386.000.
Este miércoles está previsto que los diputados de la comisión especial del Congreso rindan un informe en torno a la inmunidad del presidente.
Los legisladores analizan el tema a solicitud del TSE, que investiga un presunto delito de beligerancia política.
Este consiste en utilizar recursos públicos o hacer manifestaciones públicas para favorecer la candidatura presidencial de un partido político.
De ser hallado culpable, Chaves no podría ocupar cargos en el sector estatal por un plazo de hasta cuatro años y, en el escenario más extremo, podría ser separado de su cargo actual.
Esta no es la primera vez que el presidente enfrenta un proceso de levantamiento de inmunidad. Anteriormente fue investigado por el presunto delito de concusión —un tipo de corrupción—, pero esa solicitud no consiguió los votos necesarios en el plenario para prosperar.
La decisión final sobre su inmunidad en este nuevo caso será tomada por el plenario legislativo. Si se consiguen los 38 votos, Chaves perderá su inmunidad.
Este se trata de un fuero que protege al mandatario de enfrentar una acusación en el ejercicio del cargo. Si se levanta la inmunidad, el TSE puede proceder con la investigación.
