Laura Fernández y el PLN pedirán estudios técnicos para evitar descalabro financiero al entregar el ROP

Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y, por ello, la presidenta Laura Fernández prefiere ser prudente en torno a los proyectos que pretenden una entrega total y acelerada del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Es por ello que el gobierno y la bancada de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitaron “estudios técnicos y sólidos” a la Superintendencia de Pensiones (Supen), al Banco Central y al Ministerio de Hacienda.

“La idea es que nos den todos los datos para poder saber a ciencia cierta en cuántos tractos o en qué periodicidad de tiempo se le puede devolver el ROP a las personas”, dijo Fernández.

En estos momentos, en la corriente legislativa hay al menos tres proyectos de ley sobre este tema.

El ROP es un fondo de ahorro obligatorio para todos los trabajadores, creado por la Ley de Protección al Trabajador, diseñado para complementar la pensión básica del IVM, ya que para el 2050 más de un millón de costarricenses serán adultos mayores.

El problema es que hoy se entrega con tractos parciales que no llenan las expectativas de los pensionados.

“El ROP es de los adultos mayores y hay que buscar la manera técnicamente correcta para entregárselo. ¿Por qué? Porque tampoco podemos consentir decisiones de entregarlo todo y que quiebren las pensiones de todos los demás costarricenses. ¿Qué más quisiera yo que poder entregar en un solo monto ese dinero a los adultos mayores? Pero hacerlo sin tener los estudios técnicos sería irresponsable de mi parte”, dijo Fernández.

Dentro de 25 años, Costa Rica será un país de personas adultas mayores, con más de un millón de adultos mayores y un 30% de su población peinando canas.

Asimismo, para ese momento se habrá cuadruplicado la cantidad de ciudadanos que tendrían una edad superior a los 80 años en relación con el año 2015, de acuerdo con el último informe del Estado de la Nación, dado a conocer a finales del año pasado.

Es por ello que las operadoras de pensiones, los economistas, expertos en análisis demográfico y empresarios alertan sobre el peligro de permitir el retiro acelerado y total del ROP, como proponen los proyectos de ley.

En pocas palabras, el impacto podría ser devastador desde el punto de vista social, con una buena parte de la población sin hijos, personas adultas mayores y muchas de ellas en condición de pobreza.