Laura Fernández prepara tercer paquete de planes de seguridad, incluido un pago por denuncia de criminales
Mandataria también pretende endurecer control de armas
Con el objetivo de alejar de Costa Rica a los narcotraficantes, la presidenta Laura Fernández ha puesto bajo la mira del gobierno a los criminales violentos y, por ello, ya prepara un tercer paquete de iniciativas sobre este tema.
Entre las propuestas se encontraría un pago por denuncia de criminales. El anuncio lo hizo este mediodía.
“Nosotros estamos trabajando en un tercer paquete de proyectos. En ese tercer grupo viene una reforma fuerte a la Ley de Armas. En Costa Rica la mayor cantidad de homicidios se dan con armas de fuego y por ello, hay que entrarle a esa ley”, afirmó Fernández.
La presidenta también adelantó que su administración trabaja en una reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), y así aprovechar su capacidad operativa en la lucha contra el crimen.
Uno de los planteamientos que más llama la atención es la posibilidad de establecer un incentivo económicopara las personas que proporcionen información que permita denunciar a criminales. Esto último es parte de una propuesta de campaña.
“También analizamos la propuesta de dar un premio económico a denunciantes. De criminales. Esa propuesta es parte de las diferentes reflexiones que tenemos en el equipo de expertos”, explicó Fernández.
El nuevo paquete se sumaría a una agenda de seguridad que Fernández ha impulsado desde el inicio de su administración.
En menos de tres meses de trabajo, la mandataria ya presentó 12 iniciativas ante la Asamblea Legislativa, en su mayoría orientadas a endurecer las herramientas del Estado contra el crimen organizado y los delincuentes violentos.
El último paquete incluye medidas como permitir la extradición de costarricenses vinculados con delitos como sicariato, ciberdelincuencia, narcotráfico y legitimación de capitales.
También contempla penas de hasta 10 años de prisión para quienes roben oro de Crucitas y el uso de monitoreo electrónico para criminales violentos que reciban un beneficio condicional de la pena.
