Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
La candidata presidencial del partido oficialista Pueblo Soberano, Laura Fernández, reaccionó este miércoles a la confrontación que protagonizó el día anterior con una ciudadana durante el Consejo de Gobierno en Puntarenas.
Fernández aseguró que la mujer, identificada como Rocío Ramírez, podría estar vinculada a un plan organizado por sectores de oposición.
“Lo tomo con mucha tranquilidad. Es una señora que dicen que le pagan para eso, que va a Limón, a Puntarenas, a Cartago para decirle improperios al presidente. Y ayer se me acercó, casi no le escuchaba y le di mi opinión con respeto”, declaró la aspirante oficialista.
El martes, Ramírez interpeló a Fernández acusándola de incurrir en beligerancia política, al señalar que su presencia constituía un uso indebido de actos oficiales con fines electorales.
“¿Usted sabe que eso es beligerancia política? Usar recursos públicos para su campaña electoral, eso no se hace”, le reclamó Ramírez, en un video que ella misma grabó y que luego se viralizó en redes sociales y medios de comunicación.
La candidata respondió con un escueto mensaje: “¿Me va a poner una mordaza a mí también? Dios la bendiga”. La frase dividió opiniones en los comentarios del video difundido.
Aunque Fernández no ostenta un cargo público y, por lo tanto, sí puede asistir a actos oficiales o pedir el voto en reuniones privadas, el concepto de beligerancia política sigue siendo un tema delicado en la normativa electoral.
La legislación establece que los funcionarios públicos tienen prohibido utilizar sus cargos o recursos institucionales para favorecer a un partido político o candidato.
En el caso de jerarcas como el presidente, ministros, viceministros y magistrados, la restricción es aún más severa: no pueden participar en debates político-electorales ni expresar públicamente sus preferencias.
La sanción por beligerancia contempla la destitución inmediata y la inhabilitación para ocupar cargos públicos entre dos y cuatro años.
