Laura Fernández confía en diálogo con el Frente Amplio para aprovechar oro de Crucitas
Valor de oro en Crucitas superaría los $10 mil millones según el Colegio de Geólogos
Tras aseverar que “hablando se entienden los ticos”, la presidenta electa Laura Fernández confía en que el Frente Amplio no obstruirá sus planes de aprovechar el oro que hay en Crucitas para el beneficio de Costa Rica.
La jerarca, que jurará como presidenta el próximo 8 de mayo, se reunió este lunes con los legisladores salientes del Frente.
“Miren, hablando se entienden los ticos y yo creo que no se vale frenar un proyecto que le va a generar riqueza al país, que va a recuperar el daño ecológico, que va a poner orden ahí que todos los días se mete gente a robarse el oro. Yo creo que tenemos que enfocarnos en las cosas donde podamos ponernos de acuerdo”, dijo Fernández.
En ese sentido, la mandataria electa señaló que ellos le van a brindar “algunos insumos" para cambiar el proyecto.
“Yo me quedé con la tarea de revisarlo a conciencia y también ellos de valorar la posibilidad de que se les apoye o acuerpe una agenda de algunos temas que les interesa, a cambio de permitir que el proyecto avance”, dijo Fernández.
Costa Rica tendría alrededor de $10 mil millones de oro en las zonas de Crucitas y Conchudita, de acuerdo con un reciente análisis del Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR).
En términos de reservas, se estima la existencia de aproximadamente 2 millones de onzas de oro en Crucitas, mientras que el potencial regional, que incluye Conchudita, podría acercarse a 5 millones de onzas.
Con esas proyecciones y los precios internacionales de hasta $5.000, el valor del recurso en ambas zonas se ubicaría en torno a los $10 mil millones.
Sin embargo, el informe advierte que la predominancia de la minería ilegal ha limitado significativamente el aprovechamiento del recurso. El uso de sustancias como mercurio y cianuro de sodio no solo reduce la eficiencia de extracción —hasta en un 50% en el caso del mercurio—, sino que también ha generado pérdidas económicas estimadas para el país de entre $1.500 millones y $2.000 millones desde 2017.
A esto se suma un severo impacto ambiental. Según el análisis, se calcula que más de 200 toneladas de mercurio han sido utilizadas en la zona desde 2017, provocando contaminación en suelos y fuentes de agua, con consecuencias aún difíciles de dimensionar en su totalidad.