Laura Fernández advierte: “Si el Poder Judicial y la Asamblea no se dejan de poses no se resolverá la inseguridad”
Costa Rica suma más de 3 mil asesinatos en gobierno de Rodrigo Chaves
La presidenta electa, Laura Fernández, lanzó una fuerte advertencia a los otros poderes de la República al asegurar que la crisis de inseguridad que vive el país no podrá resolverse sin una acción conjunta y decidida, especialmente del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.
Fernández fue enfática en que, para detener el “baño de sangre” que ha marcado los últimos años debido a la guerra entre bandas del narcotráfico, es indispensable que diputados y magistrados “se dejen de poses” y asuman con responsabilidad su rol en la lucha contra el crimen.
Como antecedente, la futura mandataria sostuvo que el Gobierno ha hecho “todo lo humanamente posible” para enfrentar la crisis, incluyendo medidas como el impulso del CACCO, el fortalecimiento de los cuerpos policiales y el avance en infraestructura penitenciaria.
“Quiero que los costarricenses tengan muy claro que desde el gobierno de Rodrigo Chaves hemos hecho todo lo humanamente posible para hacerle frente al problema de seguridad del país. Se han graduado nuevos policías, se han puesto escáneres en nuestras fronteras, se ha reivindicado a nuestros cuerpos policiales y se empezó a construir la cárcel de máxima seguridad, pese a todos los escollos (…) Vamos a seguir luchando sin cuartel con toda nuestra fuerza y energía para tener un país más seguro, pero debo decirles con toda transparencia que aunque nosotros sigamos haciendo de la mejor manera la tarea, nunca se va a resolver este problema si no se suman el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa. No se cumplirán las metas si los otros poderes no paran ya de tener poses, porque dicen una cosa y hacen otra muy distinta”, afirmó.
Fernández insistió en que el Poder Ejecutivo no puede enfrentar solo la problemática de seguridad y urgió a los otros poderes a endurecer las penas y garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones, cuestionando lo que calificó como una visión que prioriza los derechos de los delincuentes por encima de las víctimas.
La advertencia se da en un contexto alarmante: desde 2022, más de 3.000 costarricenses han sido asesinados, en una escalada de violencia que ha colocado al país en los radares internacionales y ha marcado cifras récord durante tres años consecutivos.
En paralelo, el país avanza en la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, prevista para entrar en operación en septiembre, la cual estará destinada a los reclusos más peligrosos.