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Una vez más, la presidenta Laura Fernández cuestionó la labor y dirección del Poder Judicial en la lucha contra el narcotráfico.
La mandataria hizo fuertes declaraciones este viernes durante la inauguración de la Delegación Policial de Desamparados Norte, donde aseguró que los policías están siendo asesinados por los criminales ante la mirada pasiva de las autoridades judiciales.
“A nuestros policías los están hasta matando por la negligencia de las autoridades judiciales. ¿Cómo es posible que los policías se sacrifican un día sí y otro también, y no es posible que la Fuerza Pública haga su trabajo y el Poder Judicialdeje libres a los maleantes? Es absolutamente inconcebible y no lo podemos permitir”, manifestó la mandataria.
Fernández insistió en que continuará impulsando reformas legales para modificar el funcionamiento del sistema de justicia y presionó al Poder Judicial para que respalde esos cambios.
“Aquí vamos a seguir trabajando y al Poder Judicial le digo de frente y directo: esté preparado porque yo voy a seguir impulsando las reformas que hagan falta en Costa Rica para que el Poder Judicial reaccione. Se lo juré a Dios y se lo juré a Costa Rica, lo juré con la Biblia y la Constitución Política, así que vamos a continuar trabajando sin descanso para recuperar la justicia y la seguridad del país”, afirmó.
La presidenta reiteró que el combate a la inseguridad se mantiene como la principal prioridad de su administración y adelantó que el Gobierno presentará un nuevo paquete de iniciativas legales ante la Asamblea Legislativa.
Las declaraciones de Fernández se producen en medio del impulso que el Ejecutivo da a una serie de reformas orientadas a endurecer el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Entre las iniciativas figura el proyecto denominado “Cero ocio en las cárceles”, el cual establece que los privados de libertad que opten por trabajar para reducir su condena deberán destinar un 35% de sus ingresos a resarcir a las víctimas y sus familias.
El paquete también contempla una reforma para que la respuesta armada de un oficial de policía sea presumida como legítima defensa, así como un proyecto que establece penas de prisión específicas para quienes integren organizaciones criminales.
Asimismo, el Gobierno impulsa una iniciativa para impedir que los delincuentes reincidentes obtengan medidas de libertad alegando arraigo familiar o laboral.
Las propuestas incluyen además penas de entre cinco y diez años de prisión para los propietarios de pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico y la ampliación a 15 años del denominado derecho al olvido para personas condenadas por delitos de narcotráfico y homicidio.
