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Darío Brooks
BBC News Mundo
Durante tres semanas de septiembre de 1972, una bandera mexicana ondeó en lo alto de la isla Santa Catalina, frente a las costas de California (EE.UU.).
"¡Estamos siendo invadidos. Soldados mexicanos están reclamando la isla!", exclamó una secretaria de la oficina de gobierno de la localidad isleña de Avalon, según reseñó entonces el diario Los Angeles Times.
No eran soldados, ni una invasión formal.
Pero sí unos uniformados del grupo Boinas Cafés, integrado por chicanos (estadounidenses de origen mexicano) que estaban reivindicando para México las islas del Archipiélago del Norte (conocidas en EE.UU. como Channel Islands).
Aunque que se trataba de una protesta simbólica para visibilizar las luchas por los derechos sociales de los chicanos, la reivindicación se basaba en un episodio clave de la historia de EE.UU. y México.
Y es que Santa Catalina, junto a las dos decenas de islas y rocas ubicadas frente a las costas de California, nunca fueron mencionadas en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que puso fin a la invasión de EE.UU. a México.
El pacto obligó a México a ceder el 55% de su territorio a su vecino del norte, pero no incluyó esas islas.
“Aunque políticamente hoy resultara inviable la reclamación mexicana, para algunos el derecho de México sigue vigente”, le dice a BBC Mundo el experto en derecho internacional Juan Carlos Velázquez.
El académico, que ha analizado el caso en un libro (2007), explica que el gobierno de México nunca prestó atención a la soberanía que pudo tener sobre las islas luego de firmar el tratado.
Y cuando quiso hacerlo, casi un siglo después, ya era demasiado tarde.
El Archipiélago del Norte está conformado por 10 islas y 12 rocas cuya extensión suma unos 1.000 kilómetros cuadrados.
En sí mismas nunca fueron un territorio clave, pero sí estaban dentro del gran objetivo de Estados Unidos de hacerse con la costa de California.
Desde inicios del siglo XIX, la naciente potencia norteamericana buscaba vías para acceder al Pacífico, explica a BBC Mundo la historiadora Guadalupe Jiménez Codinach. Pero ese territorio pertenecía a Nueva España y luego a México.
“Intentos hubo muchos, incluidos los de comprar la Alta California, de comprar la Baja California”, señala la académica, que trabajó durante 10 años en la Biblioteca del Congreso de EE.UU., donde tuvo un acceso privilegiado a documentos históricos sobre este tema.
William Shaler, un diplomático y agente del gobierno de EE.UU., había intentado “bombardear San Diego en 1803 y no lo pudo tomar”, explica Jiménez.
“En su diario él va diciendo dónde es fácil desembarcar, en tal ensenada, en tal lugar, cuántos barcos se pueden llevar y cuántas tropas. Y al final dice que España nunca va a poder defender esto. Se puede tomar toda la península [de Baja California] y la Alta California".
Jiménez también revisó documentos que hablan de intentos de compra del territorio. Cuando México se independizó en 1821, le ofrecieron a Agustín de Iturbide, el primer gobernante del país, y sus sucesores un acuerdo de compra.
“Pero ningún gobierno aceptó la venta”, explica la historiadora.
La situación, sin embargo, cambió con la invasión de México que emprendió Estados Unidos en 1845. Su superioridad armamentística y la debilidad de México por las disputas políticas internas, desembocó en la toma de Ciudad de México en septiembre de 1847.
Luego de casi cinco meses, el gobierno de México accedió a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual puso fin a la guerra en 1848 a cambio de 2,3 millones de kilómetros cuadrados de territorio, incluida la Alta California.
México fue “compensado” con US$15 millones, es decir, US$6,5 por kilómetro cuadrado.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo, como fue llamado formalmente, tuvo una redacción muy general al señalar los nuevos límites fronterizos entre ambos países, explica Juan Carlos Velázquez.
El artículo V señala que la “línea divisoria entre las dos repúblicas comenzará en el Golfo de México, tres leguas fuera de tierra” frente al río Bravo (llamado Grande en EE.UU.). Al llegar el río a la ciudad de El Paso (Texas), la frontera correría hacia el oeste en línea recta.
“Continuará después por mitad de este brazo y del río Gila hasta su confluencia con el río Colorado; y desde la confluencia de ambos ríos la línea divisoria cortando el Colorado, seguirá el límite que separa la Alta de la Baja California hasta el mar Pacífico”, remata.
En la redacción del tratado, no se menciona las islas del Archipiélago del Norte.
“El tratado apunta hacia la parte continental, que no insular. Por extensión se entiende que lo que deriva son las islas, pero en aquellos tiempos no existía convención de derecho de mar ni reglas claras de hasta dónde es el dominio de una isla o una zona económica exclusiva”, explica Velázquez.
Las islas quedaron en un limbo en un tiempo en el que el derecho internacional era otro. La zona de dominio que se da por extensión hacia el mar era de tres millas, y no alcanzaba a las islas del archipiélago.
México en ese momento pudo reclamar el derecho de soberanía sobre ellas.
Después de la guerra, Estados Unidos tomó el control de su nuevo territorio, incluidas esas islas frente a la costa sur de California. Y hubo amenazas sobre la península de Baja California, donde tropas de Washington mantuvieron su presencia meses después de la firma del Tratado, explica Jiménez.
“La veían sumamente estratégica, pero los mexicanos lograron mantenerla”, añade.
En Ciudad de México, entre tanto, la posición del gobierno quedó muy debilitada. Las pugnas por el poder siguieron entre liberales y conservadores, además de que había temores de una nueva intervención estadounidense: “En México hemos tenido gobiernos muy débiles ante Estados Unidos”, reflexiona la historiadora.
No fue hasta la década de 1890 que el tema del Archipiélago del Norte generó un debate nuevamente cuando el geógrafo mexicano Esteban Cházari hizo un estudio del caso para acceder a la Sociedad de Geografía y Estadística del país.
Cházari expuso las razones por las que las islas deberían ser reclamadas, partiendo de lo que decía el tratado. Sin embargo, su trabajo no tuvo eco en el gobierno mexicano de la época.
Pasaron cuatro décadas hasta que en 1942 -casi un siglo después de la guerra con EE.UU.- el presidente Manuel Ávila Camacho ordenó la conformación de una comisión para analizar la “nacionalidad” de las islas teniendo como base el trabajo de Cházari.
La Comisión determinó que no había elementos para poder reclamar la soberanía para México, pese a que nunca hubo una cesión explícita de las islas en el Tratado de 1848, explica Velázquez. De hecho, continúa, el tratado en sí no es específico sobre los territorios, aunque hubo un convenio posterior.
“Desde el punto de vista del derecho internacional, las islas fueron cedidas al Estado vecino con base en el tratado de 1848 y su complemento de 1853”, explica Juan Carlos Velázquez.
“Parece evidente que el gobierno de nuestro país ha dado muestras de reconocer que se perdió en 1848, dando por hecho que se perdió ante EE.UU.”, añade, pues desde un inicio se dio por entendido que la Alta California estaba conformada por un territorio que incluía las islas y que fue cedido en el acuerdo que dio fin a la guerra.
A fin de cuentas, México nunca presentó una petición formal. Hubo una “inexplicable ausencia de reclamaciones de México”, dice el experto.
“En varias ocasiones se les requirió a las autoridades mexicanas que procedieran, por parte de la sociedad, los estudiosos, los académicos. Pero los gobiernos de las distintas épocas fueron pasivos”.
En el derecho internacional, continúa, hay una figura que se llama animus domini, el ánimo de dominar, que es “una manifestación que debe hacer un Estado sobre un territorio determinado”, explica.
“Así como se puede obtener un derecho, lo contrario es derelictio o abandono de derechos. En el caso de México, nunca hubo una pretensión o petición directa a Estados Unidos de reivindicación de esas islas”, considera.
Para rematar el caso, en 1978 ambos países llegaron a un acuerdo sobre sus límites marítimos que marca claramente que las aguas mexicanas están fuera del alcance de las islas del Archipiélago del Norte, lo cual sepultó cualquier mínima (o “irreal” en el realpolitik, como considera Velázquez) de algún reclamo de soberanía.
“Todo lo válido que hubieran sido en su día las razones de México para presentar una reclamación sobre el archipiélago, en las condiciones actuales no tienen ninguna posibilidad de éxito”, concluye el experto.
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