La segunda ronda con Europa

Dialéctica

La segunda ronda con Europa

Juan Manuel Villasuso

La semana del 26 al 29 de febrero se realizó en Bruselas la segunda ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Esa ronda, al igual que la primera en San José a fines de octubre del año pasado, fue relativamente tranquila en materia comercial porque todavía no se han intercambiado las peticiones concretas de las dos regiones. Cuando eso suceda se verán las discrepancias y coincidencias.

Sin embargo, a pesar de la relativa armonía en cuanto al comercio, ya se observan diferencias que pueden complicar el proceso de negociación, particularmente en lo que concierne al diálogo político. En ese contexto hay dos temas complejos y delicados que están sobre la mesa.

El primero tiene que ver con tres cláusulas sobre las que los europeos buscan acuerdos obligatorios: la no proliferación de armas de destrucción masiva, el combate al terrorismo y el juzgamiento de personas que hayan cometido crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad. Esto último se relaciona directamente con adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI) que tiene sede en La Haya.

La Unión Europea insiste en que Centroamérica reconozca la labor de esta Corte Internacional y ratifique el Estatuto de Roma; pero El Salvador, Nicaragua y Guatemala no lo han hecho y existen razones de orden normativo y condicionalidades establecidas por Estados Unidos en acuerdos bilaterales que lo dificultan, especialmente en el caso salvadoreño.

Los presidentes centroamericanos, reunidos en San José el miércoles de esta semana, rechazaron la presión europea en este asunto y expresaron “la potestad soberana de Estados de adherirse o no al Estatuto de Roma“. El mandatario de El Salvador Antonio Saca incluso señaló que la Constitución de su país contiene normas que impiden reconocer a la Corte Penal Internacional.

El negociador europeo Joao Aguiar Machado ha dicho que “será necesario que los centroamericanos solucionen este problema a nivel interno, lo que no parece fácil. Tal vez sea una de las cuestiones más difíciles de resolver en el apartado político”; y la embajadora de la UE en Centroamérica, Francesca Mosca, ha expresado que “este asunto de la CPI tiene que aclararse muy bien entre ambas partes para después lograr acuerdos”.

Sin duda un tema sensible que causará fricciones y sobre el cual, hasta el momento, las posiciones parecen irreconciliables.

La otra cuestión que también está sobre la mesa es la que tiene que ver con la Corte Centroamericana de Justicia, de la cual Costa Rica no forma parte. Los negociadores europeos consideran que esta instancia judicial es esencial para la construcción de un bloque comunitario centroamericano que sirva de contraparte y sea el instrumento idóneo para resolver los conflictos que pudieran surgir al ratificarse el Acuerdo de Asociación. Costa Rica, sin embargo, cuestiona las potestades de esta Corte y ha propuesto la creación de un árbitro regional.

Estos dos diferendos que se presentan en la negociación del Acuerdo de Asociación entre Europa y Centroamérica nos hacen recordar los planteamientos del profesor de Harvard Dani Rodrik, cuando señala que los acuerdos comerciales internacionales, más que cambios tarifarios y modificaciones en el intercambio de bienes y servicios son transformaciones profundas en el marco institucional. En este caso los planteamientos de la UE pretenden modificar el actual marco jurídico internacional de las naciones centroamericanas.