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La diplomacia brasileña y la energía

Río de Janeiro
Xinhua

En los últimos tiempos la diplomacia brasileña ha tenido que enfrentar varios problemas con sus vecinos, en su mayoría vinculados de una u otra forma con cuestiones relativas a la energía.
El prolongado estira-y-afloja con Bolivia, en relación con las importaciones brasileñas de gas del país andino, empezó esta semana a volver a sus cauces naturales, con la decisión del gobierno brasileño de elevar a su tope máximo esas compras.
Debido a la fuerte sequía que asuela el suroeste de Brasil, las hidroeléctricas de la región están dejando de generar electricidad y fue necesario poner en funcionamiento plantas térmicas a gas natural, usadas como reserva estratégica.
Con ello, las compras de gas boliviano volverán al nivel de 30 millones de metros cúbicos diarios (máximo previsto en el tratado respectivo), cuando al principio del año, debido a los reflejos de la crisis, habían caído a menos de 15 millones de metros cúbicos.
La decisión brasileña, en la época, provocó protestas del lado boliviano, que veía reducidos a la mitad sus ingresos, y el envío de una delegación a Brasilia que negoció un aumento de las compras, a 18 millones de metros.
Con todo, la inminencia del aumento de la producción brasileña de gas natural, con el inicio de la explotación de nuevos campos, amenaza volver a poner sobre la mesa el problema, dentro de no mucho tiempo, cuando la sequía disminuya.
Con Ecuador, el gobierno brasileño se vio involucrado sin querer en un conflicto entre el gobierno del presidente Rafael Correa y la gigante constructora brasileña Odebrecht, acusada de graves fallas en la construcción de la hidroeléctrica de San Francisco.
Después de haber dado un plazo para que la empresa sanara los defectos funcionales -sin que eso ocurriera-, en octubre pasado el gobierno del presidente Rafael Correa ordenó la expulsión de los funcionarios de Odebrecht del país y anunció que no pagaría por la obra defectuosa.
El gobierno ecuatoriano cuestionó ante la Cámara de Comercio Internacional el préstamo de $243 millones para financiar la represa otorgado por Brasil, y anunció que no lo pagaría, lo que motivó la retirada del embajador brasileño en Quito.
El referido préstamo había sido concedido por el banco estatal de fomento de Brasil (BNDES), y el cuestionamiento de la operación fue hecho sin ninguna consulta previa al gobierno brasileño.
Pero Correa, sin desistir de su planteo ante la CCI, pagó religiosamente las cuotas, a medida que vencían, y anunció que hará lo mismo con la última, que vence en junio, con lo que las relaciones diplomáticas se normalizaron.
El otro conflicto, aún pendiente, es el planteado por Paraguay acerca de la remuneración que recibe por la energía de la hidroeléctrica binacional de Itaipú y su reivindicación de libertad para vender su parte de la energía a otros compradores.
La visita del presidente paraguayo Fernando Lugo a Brasil terminó sin ningún acuerdo y sin que hubiese siquiera el habitual comunicado conjunto al final de las negociaciones.
La posición de Brasil es dura y simple: los aspectos discutidos por Paraguay están consagrados en un tratado internacional, ratificado por los parlamentos de ambos países, y Brasil no admite una revisión del tratado.
Mientras el gobierno paraguayo se queja de que recibe solamente $2,81 por megawatt/hora, Brasil destaca que paga $45,31 por Mw/h. La diferencia entre los dos valores es la amortización paraguaya de los préstamos tomados para construir Itaipú.
Edison Lobao, ministro de Minas y Energía de Brasil, destacó que el precio pagado a Paraguay es muy superior al que Brasil pagará por la energía de las hidroeléctricas en construcción en el río Madeira, que costará $33 por Mw/h.
El problema comenzó en el inicio de la década de 1970, cuando Brasil decidió construir la mayor hidroeléctrica del mundo sobre el río Paraná. El gobierno paraguayo no tenía recursos ni siquiera para integrar el capital de la empresa binacional creada con ese fin.
Todos los recursos fueron obtenidos por Brasil, que en compensación hizo incluir en el tratado de Itaipú la cláusula de exclusividad en la compra de toda la electricidad que Paraguay no use, al precio de costo.
El gobierno brasileño destaca, extraoficialmente, que cuando el tratado expire, en 2023, Paraguay será dueño de la mitad de la hidroeléctrica, que por entonces valdrá unos $60 mil millones, sin haber puesto un centavo para construirla.
En esas condiciones, no es difícil entender la rigidez del gobierno brasileño, que además ha ofrecido otras compensaciones, como un préstamo de $1.500 millones para obras de infraestructura en Paraguay.
Uno de los problemas es que el presidente Lugo, de Paraguay, basó toda su campaña electoral en el combate a la “explotación brasileña de los recursos paraguayos” y tiene que dar alguna satisfacción a sus electores.
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