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Juegos Peligrosos

Humberto Pacheco humberto.pacheco@pachecocoto.com | Martes 04 marzo, 2014

No olviden las palabras de Albino Vargas: “ANEP tiene acceso a bastante información tributaria”. A confesión de parte relevo de pruebas

Trotando Mundos

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Siempre que hemos dicho que la seguridad de los costarricenses está en manos muy resbalosas, hemos tenido razón. No son cantos de sirena los que nos hacen oponernos cada vez que, con mayor descaro, pretenden destruir todo vestigio de privacidad de los ciudadanos.
Al igual que unos funcionarios- que deberían ser removidos de la Dirección General de la Tributación Directa y procesados judicialmente- se arrogan el derecho de brindarle a los sindicatos información fiscal privada del ciudadano Johnny Araya para montarle un circo político, también lo pueden hacer con la de cualquier otro ciudadano- por unos pocos pesos- para efectos de secuestro, extorsión o simplemente hostigamiento político a los contrarios a sus privilegios y gollerías.
No lo inventamos, lo afirmó públicamente Albino Vargas en tono amenazante.
Nuestros antepasados consagraron la privacidad de los ciudadanos de la República como uno de sus derechos sagrados. Eso fue alterado durante la administración en que fue Ministro de Hacienda Guillermo Zúñiga, cuando se le dio información errada a la OCDE, lo que término desprestigiando a Costa Rica y abriendo la posibilidad de acabar con la privacidad de los costarricenses. Sin embargo, fue tan desacertada la información que la misma OCDE se sonrojó- y echó marcha atrás.
Ahora esos mismos se lanzan en contra de la naturaleza jurídica de la Sociedad ANONIMA, queriendo obligar a la publicación sin causa de los nombres de sus socios.
Esto, sin que medie una investigación específica no es más que una “expedición de pesca”. El mismo Fisco, que hace la separación entre sociedad y socios a la hora de gravar dos veces los mismos ingresos, pretende también valerse de la tesis contraria, desnudando al ciudadano de su privacidad financiera, que no es otra cosa que su seguridad personal, para probar que éste y la sociedad son la misma cosa.
Las anteriores consideraciones nos obligan a oponernos a este cambio pues el órgano al que habría que brindarle la información no tiene NINGUNA capacidad para mantenerla confidencial, como lo exige la ley. Esto es un claro irrespeto a la ciudadanía que, aunque los fiscalistas públicos y algunos privados no lo crean, es la empleadora, jefa, ama suprema de sus empleos.
Gravedad del tema anterior aparte, que tire la primera piedra el hombre, mujer (o lo que sea) que esté libre de pecado. No acababa Albino de exponer al señor Araya cuando sale a luz pública que él mismo no ha pagado los impuestos de la organización que preside- que llama empresa privada (háganme el favor). “No se, son asuntos administrativos que maneja la institución” dice interpelado, haciendo de lado que las instituciones no se manejan solas y desconociendo las graves responsabilidades que tienen los presidentes, después de haber gastado por décadas la silla de la suya.
Además, para el sindicalista los dos casos no son similares porque uno es candidato a la presidencia y el otro es “una empresa privada”. Suponemos que malentiende que las empresas privadas no tienen que cumplir sus deberes tributarios, pero la ley no hace distinciones entre funcionarios públicos o personas privadas a la hora de sancionar incumplimientos.
Menuda mezcla de dichos sale de este gazapo, pero está visto que al mejor mono (con el perdón de los simios) se le cae el zapote.
No olviden las palabras de Albino Vargas: “ANEP tiene acceso a bastante información tributaria”. A confesión de parte relevo de pruebas.

Humberto Pacheco A.

vikocr@racsa.co.cr

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