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Después de varias semanas de entrabamiento legislativo, este martes los diputados aprobaron una moción del Partido Liberación Nacional (PLN) que cambia sustancialmente el proyecto de jornadas 4x3.
Y es que, de aprobarse el proyecto de ley, las empresas interesadas en habilitar horarios laborales de 12 horas, cuatro días a la semana, a cambio de tres días de descanso tendrán que realizar una votación secreta entre sus colaboradores para validar el horario extraordinario.
De acuerdo con la moción aprobada y el nuevo texto sustitutivo, la votación tendría que realizarse con presencia de personeros del Ministerio de Trabajo o abogados notarios independientes para garantizar los resultados.
La propuesta la había hecho Álvaro Ramos, candidato del PLN, para buscar un balance entre las necesidades empresariales y la calidad de vida de los trabajadores.
“Nosotros vimos ese proyecto, avalamos la necesidad de seguridad jurídica que estaba pidiendo el empresariado costarricense e internacional y dijimos: ‘Bueno, si esto es tan importante, agreguémosle elementos significativos de protección a los trabajadores.’ Y por ello, cerramos varios portillos que observábamos en la ley. Una vez que se hizo eso, entonces dijimos, ‘Bueno, ahora sí, que camine este proyecto’”, dijo Ramos a LA REPÚBLICA anteriormente.
Con la aprobación del texto sustitutivo, se suspende la discusión por un periodo de ocho días. Una vez que se cumpla el plazo de las consultas, el proyecto regresará al plenario para seguir avanzando por la vía rápida.
Cabe destacar además que la jornada excepcional que demanda el sector productivo no sería para toda la masa laboral, sino solo para las compañías que tienen ciclos laborales 24/7. El plan no incluye al sector público ni a la mayoría de trabajadores y básicamente se limita a zonas francas.
Los empleos que se generen gracias a las jornadas 4x3 tendrán como mínimo un salario 1,8 veces más alto que el promedio del sector privado.
Un estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) dado a conocer en febrero, señala que las empresas de zonas francas pagan un salario promedio de $2.075, lo que representa casi 1,8 veces más que los $1.157 que perciben los trabajadores del régimen privado convencional.
El atractivo salarial representa un impulso para aprobar el proyecto de ley que permitiría jornadas laborales.
El proyecto también contempla beneficios para los empleados, como un pago adicional por la pérdida de horas extra, que variaría entre un 17% y un 25,5%. Además, el cambio sería voluntario, y los trabajadores tendrían derecho a un período de prueba de tres meses, sin que puedan ser despedidos por rechazar la nueva jornada.
El sector empresarial, representado por la Cámara de Industrias, UCCAEP y CRECEX, entre otros, ha mostrado su firme apoyo al proyecto, destacando su potencial para atraer inversión extranjera, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la calidad del empleo formal en el país.
También respaldan la propuesta del PLN, que sugiere que sean los mismos trabajadores quienes decidan mediante una votación secreta si adoptan este nuevo modelo de jornada.
“Este es un paso necesario para modernizar nuestro marco laboral, cerrar vacíos legales que afectan a empresas y trabajadores, y generar empleos de calidad”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias.
Sin embargo, no todo se puede analizar desde una perspectiva monetaria.
Partidos como el Frente Amplio, grupos feministas y el Colegio de Psicólogos han cuestionado el proyecto de ley.
Y es que lejos de representar una mejora en la calidad de vida de las personas trabajadoras, la iniciativa constituye un retroceso en materia de salud mental, equidad de género y derechos laborales.
“Diversos estudios han demostrado que, conforme se extienden las horas de trabajo, la productividad individual disminuye. Además, el argumento de que tres días de descanso compensan el desgaste físico y mental tampoco se sostiene, según el Colegio de Psicólogos.
Los opositores también alertan sobre el impacto desproporcionado que tendría la medida sobre las mujeres, en particular aquellas que son jefas de hogar.
“Las largas jornadas dificultan aún más la conciliación entre la vida laboral y familiar, y refuerzan desigualdades estructurales de género. Es una esclavitud moderna”, dijo Rocío Alfaro del Frente Amplio.
