Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 15 Febrero, 2016

Es una grosera y evidente violación a los derechos humanos pretender mantenerme como acusado a pesar de las sentencias absolutorias

Injusticia y arbitrariedad evidentes

Tras dos sentencias absolutorias unánimes del Tribunal de Apelación de Sentencia en mi favor, el Ministerio Público (MP) pretende llevarme de nuevo a juicio, evidenciando una vez más la injustificada y arbitraria persecución que con saña ha mantenido contra mí por 11 años y cuatro meses.
Es una grosera y evidente violación a los derechos humanos pretender mantenerme como acusado a pesar de las sentencias absolutorias. ¿Cuántas más absolutorias deberé recibir para que pare esta persecución? ¿Van a seguir así per sécula seculórum, hasta que me muera? Este atropello a la justicia pronta y cumplida, a la seguridad jurídica y a los límites del poder punitivo del Estado, es una amenaza a la libertad de todos.


Es falso el argumento del fiscal general de que se defiende el instituto del criterio de oportunidad, pues la sentencia unánime que me absolvió por segunda vez (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito de San José, 2-12-2015), no afecta ese instituto. Lo que ese Tribunal rechazó fue que se aplicara de modo arbitrario e ilegal aplicación en este caso concreto, incluso engañando a una jueza y mintiéndole a otra.
José Antonio Lobo, en acuerdo con el MP, me usó de chivo expiatorio, acusándome sin fundamento alguno para desviar los cargos en su contra. Con ese sin-motivo el fiscal general Dall’Anese, el presidente Pacheco, algunos medios de comunicación y políticos azuzaron la opinión pública en mi contra.
Voluntariamente renuncié a la Secretaría General de la OEA y volví para someterme a los tribunales. El gobierno de Pacheco y el Ministerio Público de Dall’Anese usaron mi llegada para montar un circo de escarnio con esposas, perreras, arresto ilegal, tarimas para la prensa, prohibición a mi defensor de estar presente, abuso ilegal de la pista del aeropuerto, sirenas, motos y helicópteros.
Todo para hacerme aparecer como culpable ante la conciencia ciudadana, sin otro fundamento que la palabra interesada de un indiciado confeso.
Ocho años, dos meses y seis días después de mi regreso, el 21 de diciembre de 2012 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal declaró por primera vez mi inocencia por el fondo. También declaró la ilegalidad de una prueba de Panamá que en nada me atañe.
Aunque esta primera sentencia absolutoria es claramente por el fondo algunos quisieron minimizarla, arguyendo que era por haberse declarado ilegítima esa prueba panameña.
Ahora la segunda absolutoria se produce cuando la Sala Tercera —integrada por sustitutos— revivió esa prueba panameña. Tomándola en consideración el alto y calificado tribunal penal, con otra integración, indica: “Para esta Cámara excluida hipotéticamente la declaración de José Antonio Lobo la condena impuesta a Rodríguez Echeverría queda sin fundamento probatorio alguno”. SE CONFIRMA que esa prueba ilegal legalizada (la de Panamá), en nada me implica.
Pero, sin ningún respeto a los derechos humanos y para peligro de nuestra libertad, el Ministerio Público pretende se me juzgue una tercera vez después de dos absolutorias y quiere mantenerme hasta mi muerte en el banquillo de acusado. Una acusación no puede ni debe ser eterna. Esto no tiene nada que ver con la justicia, es una simple y llana persecución.
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