Hampa, narcos... ¿qué sigue?

De cal y de arena

Hampa, narcos… ¿qué sigue?

Alvaro Madrigal

El reino del hampa extiende sus fronteras, desafía a la autoridad y saca partido de las carencias sociales y económicas presentes. Lo hace con posibilidades de forjar alianzas con un nuevo socio —el narcotráfico— dispuesto a aprovechar la ineptitud policial, la obsolescencia de la ley, la sed de dinero fácil y la corrupción que la alimenta. La nueva versión del hampa está en ciudades y pueblos pero ya no solo para materializar el despojo de bienes ajenos; ahora también hace de sicario de los narcos. Las dimensiones de esta amenaza y la trascendencia institucional que tiene, las ha expuesto reiteradamente el Fiscal General de la República en una campaña para sacudir a esta sociedad del marasmo habitual e impulsar reformas al marco jurídico. De rebote, quizá para convencer a la Ministra de Seguridad Pública de que el problema existe, es desafiante, es grave y no es una simple percepción. Pide, casi exigiendo, los instrumentos legales idóneos para encarar el reto. Pero lo hace mal pues prescinde de la clave de toda propuesta de ley de fundamentales efectos: la negociación política, sin la cual no sale ni la donación de un predio municipal, menos el trascendental proyecto de ley contra la delincuencia organizada.

Su virulenta reacción a las críticas de los diputados Sánchez y Venegas y del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso fue ruidosa pifia, inexcusable así sea altamente técnica la materia. Y si el Fiscal no lo cree, debería dejar que otra persona capacitada para negociar asuma la tarea de corregir con los diputados los defectos de forma, errores de fondo e inconstitucionalidades acusadas. Bien hizo el Poder Ejecutivo en retirarlo del orden del día parlamentario para ser depurado. El país necesita blindarse.

Mejores leyes pide el fiscal Dall'Anese. Pero para este gran desafío que planta la delincuencia de alto vuelo se requiere mucho más que leyes. Se requiere una política de Estado realista y realizable. ¿Dónde está?

El caso particular de Limón resume lo que está en riesgo y exhibe con crudeza cómo las promesas presidenciales de reactivación económica y de saneamiento social (básicas para encarar este desafío) se han convertido en jarabe de pico. Limón —toda una región azotada por el crimen y devastada por las inclemencias de la naturaleza— es una caldera a punto de explotar a la que debe bajársele la presión con un sentido de urgencia y realismo que no muestran ni el proyecto “Limón, ciudad-puerto”, ni la privatización de concesión de los muelles que, aun con sus positivos elementos, no son la herramienta de inmediatos efectos para apagar el incendio.

Limón está desamparado y si no véase el abandono en que están los habitantes del cantón Talamanca que en noviembre y ahora en febrero sufrieron la destrucción de su economía, de sus puestos de trabajo, de sus esperanzas de un mejor mañana. Las promesas de rescate que les hace el gobierno no se cumplen o se las traga la ineficiencia burocrática. ¿Qué sigue?