Hacia dónde dirigen los mercados globales los códigos de gobierno corporativo

Ivannia Méndez

Gerente Legal

Grant Thornton

ivannia.mendez@cr.gt.com

Es primero menester definir la acepción de “gobierno corporativo”, la cual debe entenderse como el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los diversos órganos dentro de una empresa, al establecer los diferentes roles y relaciones entre las partes involucradas, estipulando las pautas por las que se rige el proceso de toma de decisiones para la generación de valor; debiendo acotarse, con claridad, que tal conjunto de reglas ha sido en su mayoría de adopción e implementación libre y voluntaria hasta la fecha.

La debilidad que mostraron los gobiernos corporativos de grandes organizaciones en el pasado ha multiplicado las exigencias de transparencia, veracidad, buenas prácticas y comportamiento empresarial responsable por parte de los inversores, de los consumidores y de la sociedad en general, que ahora no sólo prestan atención a los indicadores financieros, sino que quieren saber también cómo se logran los resultados en las compañías en que participan.

A medida que las empresas evolucionan y van adentrándose en procesos de internacionalización, las operaciones se vuelven más complejas, se diversifican los negocios y se aumentan los riesgos, tanto en el ámbito legal como en el de la imagen pública. Así pues, la mejor manera de asegurar el éxito y el crecimiento continuado estará en la progresiva profesionalización tanto de la gestión operativa como del gobierno corporativo.

La aplicación de un código de buen gobierno es la garantía para el crecimiento sostenible de una empresa en el mediano y largo plazo, ya que fortalece la confianza de los inversores, aumenta el acceso al crédito extranjero, atrae el talento y fomenta la imagen de marca. Por ello, una buena y saludable estructura de gobierno corporativo debe contener como mínimo estipulaciones sobre:

• La toma de decisiones que tienen que ver con la dirección estratégica general de la empresa y sus políticas corporativas: inversiones, fusiones y adquisiciones, nombramiento de ejecutivos, planes de sucesión.

• Los mecanismos de control sobre el correcto desempeño de la dirección ejecutiva y la implementación del plan estratégico aprobado.

• El cumplimiento normativo, entendido como el establecimiento de las políticas y procedimientos adecuados para garantizar que tanto la empresa, como sus directivos, empleados y terceros, cumplen con el marco normativo aplicable.

• Las relaciones entre los principales órganos de gobiernos de la compañía, así como los derechos y deberes de cada uno de ellos.

No obstante, lo anterior, a nivel internacional se discute ya la insuficiencia de una mera reforma de las recomendaciones que han regido esta materia sin el complemento de una reforma legislativa; es decir, la necesaria conversión gradual en normas jurídicas del núcleo esencial del buen gobierno corporativo.

Lo anterior considerando que en sociedades de cierta envergadura, donde las malas prácticas tienen una considerable repercusión en el mercado, un mayor núcleo de reglas fijadas legislativamente, con el propósito de fortificar al máximo el control o supervisión que se han visto últimamente tan debilitados, vendrá a completar las (auto) reglas de voluntaria aceptación que componen los gobiernos corporativos, considerándose necesaria la intervención del legislador para enfrentar situaciones donde la ética empresarial se tiende a olvidar con facilidad.

En resumen, parece ser la necesidad de estándares internacionales lo que exige cada vez con más fuerza la combinación de la autorregulación con la regulación formal -sin entender ésta como una cuestión de competencia, sino más bien de compatibilidad entre ambas-, al considerar que ello hará que el gobierno de las empresas se constituya en la base para el fortalecimiento y buen funcionamiento de los mercados, al favorecer la credibilidad, la estabilidad e impulsar el crecimiento y la generación de riqueza.