Logo La República

Viernes, 11 de octubre de 2024



NACIONALES


Responsables del cuestionario de “Factores Asociados” se exponen no sólo a sanciones administrativas sino civiles y penales

Gusto del Gobierno por “Big Data” lo sigue metiendo en problemas

Fundación Privacidad y Datos y Defensoría de los Habitantes denuncian la pasividad y piden cuentas a la Agencia de Protección de Datos

Johnny Castro johnnycastro.asesor@larepublica.net | Miércoles 17 noviembre, 2021


El caso más reciente de recolección de información catalogada como sensible por parte del Gobierno fue, la inclusión de un cuestionario de Factores Asociados en las pruebas FARO que se aplican a los estudiantes de primaria y secundaria, donde se les indagó sobre su condición socio económica.
Shutterstock/La República


El gusto del Gobierno por recolectar y procesar información catalogada como sensible de sus habitantes, término conocido en el argot tecnológico como “Big Data”, lo sigue metiendo en problemas.

El caso más reciente, es la inclusión de un cuestionario de "Factores Asociados" dentro de las pruebas FARO que se aplican a los estudiantes de primaria y secundaria, donde se les indagó sobre la condición socio económica de sus familias.

Este “error técnico” como fue calificado por las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), no sólo le costó el cargo a su jerarca Guiselle Cruz, sino a la viceministra Académica, Melania Brenes y podría traer más sanciones no sólo administrativas, sino, hasta de índole civil y penal.

La Fundación Privacidad y Datos (Privat) denuncia a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y pide la destitución de su directora ejecutiva, Elizabeth Mora, al señalar su inacción y pasividad en estos casos que le atañen de forma directa.

“La ausencia de independencia y la incompetencia de la Agencia nos ha costado muy caro como país. Por eso desde la Fundación exigimos a la ministra de Justicia la destitución inmediata de la Directora de Prodhab”, señaló Daniel Rodríguez, Director Ejecutivo de la Fundación.

Y es que Prodhab se pronunció hasta ayer mediante un comunicado de prensa donde se desligaba de esta polémica, al señalar que no fue hasta que el escándalo ya había estallado, el sábado 6 de noviembre, que el MEP le solicitó criterio sobre los cuestionarios ya completados por los estudiantes.

“Se les hizo una recomendación de devolver los formularios a los padres de familia, que son finalmente los dueños de la información, y que posterior a un plazo razonable, si no eran retirados, entonces el MEP tomara las medidas que considerara necesarias y oportunas”, detalló Elizabeth Mora, jerarca de la Agencia.

Por su parte, el MEP dispuso la destrucción de dichos sondeos, sin embargo, esta acción fue detenida el lunes por el Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó una medida cautelar urgente, interpuesta el domingo por el Sindicato de la Judicatura (Sindijud).

Lea más: José María Figueres: “Pruebas FARO me recordaron a la UPAD”

Otra entidad que pidió cuentas a Prodhab fue la Defensoría de los Habitantes, para conocer si investigará la situación; en especial, la posible vulneración del derecho a la autodeterminación informativa con respecto al tratamiento de los datos sensibles recolectados en el cuestionario “Factores Asociados”; información que está en manos del MEP desde el viernes; siendo que, hasta el lunes, se informó la decisión y ordenanza Judicial de no utilizar esta información.

Antes de este caso, se trascendió de la creación y posterior cierre de la Unidad Presidencial de Datos (UPAD), el cual sigue en los tribunales de justicia y donde el propio mandatario Carlos Alvarado tiene una causa abierta.

Lea más: Pruebas FARO generan indignación entre candidatos por preguntas inadecuadas para escolares y acceso a información privada

Posteriormente se presentó la recolección y el almacenamiento de información de más de un millón de solicitantes del “Bono Proteger”, ayuda que se prestó a las personas más afectadas durante la pandemia, en un servidor de datos de una empresa privada, donde se ordenó su devolución y almacenamiento en el Ministerio de Trabajo.


¿Qué dice la Ley?


Los responsables del cuestionario de Factores Asociados en las pruebas FARO aplicados a estudiantes de escuela y colegio se exponen no sólo a sanciones administrativas, sino hasta civiles penales:

  • La Ley de Protección de Datos castiga estas acciones con una multa de entre 15 a 30 salarios base del cargo de Auxiliar Judicial I, según la Ley de Presupuesto de la República, y la suspensión del uso de la base de datos de uno a seis meses.
  • El Código Penal sanciona de manera especial la violación de datos personales de menores de edad, con una pena de entre 2 y 4 años de prisión.



NOTAS RELACIONADAS








© 2024 Republica Media Group todos los derechos reservados.