Golpe de Estado blando

Poca veces he visto tanta expectativa a nivel nacional como la que se ha suscitado en días recientes en torno al esperado fallo de la Sala IV, respondiendo a la consulta hecha por el Poder Legislativo sobre la constitucionalidad del procedimiento seguido por los diputados, para aprobar con el voto de 35 parlamentarios el proyecto de ley que impone nuevos tributos a los ciudadanos. Efectivamente, en vísperas de que se venciera el período requerido por la ley para que dicho fallo se diera, los magistrados dieron a conocer el mencionado fallo, tan ansiosa por no decir angustiosamente, esperado en los círculos políticos nacionales y en los organismos financieros internacionales. La respuesta de los magistrados fue la ordenada por los organismos financieros con la genuflexa complacencia de nuestros políticos. Para lograr la apetecida respuesta, unos y otros crearon, con el apoyo cómplice de un poderoso círculo de medios de comunicación, que no se cansaron de malinformar y manipular a la opinión pública, una atmósfera apocalíptica rayana en la histeria, hasta el punto de que el propio Presidente al que no se cansaron de hacer coro sus principales ministros liderados por el presidente del Banco Central, especie de procónsul representante del Fondo Monetario Internacional, les dio a entender a los magistrados que, si se negaban a legitimar la constitucionalidad del procedimiento empleado para aprobar el mencionado paquete tributario, ellos —los magistrados— serían responsables por la hecatombe que sobrevendría al país; pues no habría dinero para pagar a los empleados públicos, ni para hacerles frente a las deudas contraídas ante los organismos internacionales; en vista de lo cual, esos organismos cerrarían todas las puertas para presentar eventuales futuras solicitudes de crédito. En la práctica, el presidente Alvarado sentaba en el banquillo de los acusados a los magistrados, dando muestras, una vez más, del poco respeto que le merece al Ejecutivo la independencia con que deben, según norma básica de la Constitución, operar los tres poderes de la Nación. Los magistrados, para escándalo e indignación de no pocos reconocidos y respetados expertos en derecho constitucional, dieron muestras de una pusilanimidad incompatible con la dignidad que implica haber sido revestidos de la toga que los inviste de un poder que los convierte en guardianes y garantes del orden constitucional; no tomaron conciencia de que tenían la posibilidad histórica de demostrar que todavía Costa Rica debe ser vista como un Estado de derecho, no estuvieron a la altura de las circunstancias; las más elementales normas de la hermenéutica jurídica, universalmente aceptadas en cualquier país medianamente civilizado, fueron pisoteadas, como varios juristas no han titubeado en señalar, hasta el punto de que uno de ellos insinuaba que esos magistrados podrían haber incurrido en el delito de prevaricato, lo cual tendría consecuencias penales. Si lo vemos desde el punto de vista político, lo hecho por los magistrados no es más que un golpe de Estado blando, el segundo en que incurren pues el haber derogado el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial, únicamente para que Óscar Arias pudiera volver a Zapote para hacer aprobar un TLC rechazado por las mayorías populares, fue también un golpe de Estado blando; lo cual manifiesta, si miramos el contexto internacional, que ni siquiera aquí se tiene originalidad, dado que golpes como este se han perpetrado en otras latitudes como en Paraguay contra el presidente Lugo o, más recientemente, en Brasil contra la presidenta Dilma Rouseff.

Ante la crisis económica que ellas han provocado, las oligarquías criollas obedeciendo órdenes de los organismos financieros imperiales, han convertido a los magistrados en sustitutos de los militares; los cuarteles tradicionalmente daban golpes de Estado, pero dado el repudio universal que los regímenes dictatoriales suscitaban, las clases dominantes se impusieron la tarea de buscar un sustituto y no les fue difícil encontrarlo en un poder judicial complaciente, por no decir cómplice; para ello convirtieron el derecho en un mero procedimiento formal sin contenido axiológico, logrando así que los privilegios de las minorías dominantes se impusieran sobre los derechos del Soberano. Tan infame concepción teórica se expresa prácticamente en la legislación en materia tributaria, donde los impuestos no se aplican según las normas de la justicia distributiva, sino que se convierten tan solo en tributos que los súbditos deben pagar a sus señores; desde el punto de vista epistemológico, esta acrobacia ideológica hace que la exégesis del texto legal se vea obnubilada por una hermenéutica jurídica determinada por el imperativo categórico del poder, quien fija de forma inapelable no solo la ley en sí misma, sino también su interpretación dentro de un contexto, variable materialmente pero inconmovible en sus intereses de una clase cada vez más reducida pero cada vez más poderosa y despótica. La exégesis muestra lo que dice el texto legal, la hermenéutica su interpretación, que proviene no del texto sino del contexto, esto es, de las circunstancias atenuantes o agravantes concebidas como una de las fuentes de la moral; ahora bien, cuando las circunstancias son de tal magnitud que impiden el libre ejercicio de la razón a la hora de aplicar la ley, cualquier decisión que se tome carece de valor real; porque estas son normas universales en razón de su naturaleza ética concebida esta como conjunto de condiciones de posibilidad del derecho positivo. Los magistrados requieren un mínimo de libertad, concebida esta como ausencia de presión indebida, para poder tomar decisiones que afectan el destino mismo de una nación; en este caso, no se dieron esas condiciones mínimas. Los magistrados se convirtieron en rehenes de un poder totalitario que provenía, tanto de Zapote como de los poderes fácticos; por ende, una decisión tomada en esas circunstancias carece de valor y no puede ser compulsiva; un régimen político que promueve tales aberraciones jurídicas demuestra en la práctica carecer de las condiciones mínimas que lo acrediten como democrático.

Pero esta penosa muestra de pusilanimidad y falta de entereza frente al poder establecido, para desdicha de nuestro noble pueblo, no solo se evidenció en la conducta de los magistrados sino también en la del presidente Carlos Alvarado. Para nadie es un misterio que en la Costa Rica actual el poder real lo tiene el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien representa a los sectores del más rancio conservadurismo del país. Rodolfo Piza, hombre fuerte del segundo gobierno del prematuramente envejecido PAC, es un ferviente defensor de esta concepción ideológica totalmente a contrapelo de las más auténticas tradiciones e instituciones democráticas del pueblo costarricense, que nos ha posibilitado crear un estado de derecho relativamente funcional. Frente a este golpe de Estado blando, a los costarricenses solo les queda organizarse en un frente de resistencia que logre desalojar del poder al tripartidismo hoy imperante, mediante la participación masiva en las elecciones. La clase política tradicional se ha divorciado de los intereses de las mayorías, por lo que estas deben tomar conciencia y organizarse para construir una democracia real, esto es, directa y participativa, todo por medios eminentemente políticos sin el recurso a la violencia verbal y menos física. Para ello, debemos inspirarnos en nuestros más auténticos valores cívicos, aquellos que guiaron a nuestros próceres en 1821 a forjar una república y en 1856 a defenderla. Ahora se trata de defender y profundizar nuestro mayor tesoro: EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.