Los recursos que gestionan en sus balances las instituciones financieras públicas no son propios ni están ociosos

Ciencia lúgubre

Gobernanza e independencia de las instituciones financieras públicas

En los últimos meses algunas noticias levantan preocupantes señales sobre la estructura de gobernanza y la independencia de algunas instituciones financieras públicas.
Los anuncios de que se emplearán recursos de sus balances para financiar otros proyectos gubernamentales no relacionados con su quehacer natural y la persuasión moral que ha ejercido el Ejecutivo para que los bancos públicos bajen sus tipos de interés y además destinen más crédito hacia ciertos sectores o actividades productivas, son algunas de ellas.
Los recursos que gestionan en su balances estas instituciones en realidad no son propios ni están ociosos. Compañías aseguradoras e intermediarios financieros utilizan los fondos de sus clientes —primas de seguro y depósitos, respectivamente— para mantener reservas por los eventuales siniestros, para invertir en activos, y particularmente en el caso de los bancos, para otorgar crédito.
De esta forma, mantienen un compromiso con sus asegurados y depositantes en relación con los fondos que estos les han encomendado, de forma que deben asegurarse de que las inversiones que realizan y el crédito que otorgan sea gestionado de manera rentable y segura.
Cuando las decisiones acerca de dónde o en qué invertir estos fondos o a quién otorgarle préstamos sale de la esfera técnica y se traslada a la política, el riesgo de que se deteriore el balance de las instituciones es enorme y, por lo tanto, se desoye el mandato de los verdaderos dueños de esos fondos, no se vela por sus intereses e incluso podría terminar, en el peor de los casos, arriesgándolos irreflexivamente.
También es una muy mala idea suponer que sus recursos patrimoniales están disponibles para otros usos. El patrimonio de estos intermediarios es el producto de sus excedentes de operación acumulados y constituye su única fuente de capitalización, un factor importantísimo para su crecimiento. Tomar recursos de estas cuentas o inducir a decisiones que puedan bajar indebidamente su rentabilidad —como por ejemplo, posponer ajustes tarifarios o bajar los tipos de interés— tendría efectos adversos sobre su capacidad para proveer servicios u otorgar crédito en el futuro, y además, terminará afectando negativamente su competitividad en los mercados en donde operan y enfrentan a rivales del sector privado.
Ante la posibilidad de que se presentaran estos problemas, el marco legal costarricense —aunque imperfecto— contiene en su diseño amplios espacios de independencia para los intermediarios financieros de carácter público.
Buena parte del éxito de ese marco institucional depende del grado de independencia y compromiso de sus juntas directivas, pues a estas les corresponde establecer las políticas y estrategias que conduzcan al logro de los mandatos institucionales y esquiven las pretensiones indebidas.
Para lograr cumplir su función apropiadamente, los miembros de estos consejos de administración, más que conocimientos específicos, requieren tener conciencia de la enorme responsabilidad que están asumiendo y reconocer que el compromiso que adquieren es ante los propietarios y los clientes de estas instituciones, y no frente a las autoridades políticas que los nombran.
Al Gobierno siempre le ha costado entender que no es el dueño de los intermediarios financieros públicos, sino que su rol es de representación de los verdaderos propietarios —la ciudadanía— y que además estas empresas deben tener como imperativo servir efectivamente a sus clientes.

José Luis Arce

Cefsa

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