Rodolfo Piza

Rodolfo Piza

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Miércoles 4 Febrero, 2015

Los costarricenses rechazamos las terapias de “shock”, pero también queremos cambios y límites a los abusos del “statu quo”. La clave de bóveda está en ponerse de acuerdo y encontrar el equilibrio


Frenar excesos en pensiones y salarios

Con ocasión de la discusión del Presupuesto de 2015 (aprobado inconstitucionalmente y violentando las reglas legislativas), propuse una serie de medidas para abordar el crecimiento desmesurado de los gastos públicos (El cascabel al gasto, El Financiero, 18 octubre 2014). A las propuestas de establecer límites constitucionales al déficit fiscal, limitar las exoneraciones, etc., agregué la necesidad de contener el crecimiento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, lo mismo que a las remuneraciones excesivas de empleados públicos.
En cuanto a las primeras (pensiones de Hacienda, Poder Judicial, exdiputados, etc.), propuse dos medidas concretas:
a) Ajustarlas únicamente por inflación, desenganchándolas de las remuneraciones de los funcionarios activos y de porcentajes fijos;
b) ajustar gradualmente la edad de jubilación a las edades establecidas para el régimen de IVM de la CCSS.
Me alegra que, si bien algo tardíamente, el Gobierno esté proponiendo ahora lo primero.
No se trata de vulnerar derechos adquiridos, ni mucho menos de recortar el monto de las pensiones de sus actuales titulares (como en algún momento se intentó indebidamente para el Magisterio Nacional y para los pensionados de Hacienda).
Se trataría solamente de que, de ahora en adelante, los ajustes se dieran únicamente por inflación, de manera que no pierdan su poder adquisitivo pero que tampoco tengan incrementos desmesurados como hoy.
Por otra parte, deberíamos ajustar las edades de jubilación a los mínimos establecidos por la CCSS (actualmente 59 años y 11 meses para las mujeres, 61 años y 11 meses para los hombres). Podrían establecerse aumentos graduales, de manera que la afectación sea mínima para quienes ya están relativamente cerca de pensionarse bajo las reglas vigentes, así como alguna cláusula de pensión anticipada (de hasta tres años), con recargo en la contribución definido actuarialmente.
En cuanto a los aumentos semestrales de salarios, debería legislarse para poner límite porcentual general a las anualidades y otros beneficios salariales aplicables por sobre los aumentos acordados para el sector público. De manera que se respeten los derechos adquiridos, pero que los aumentos no sean desmesurados.
En esa dirección, la fracción del PUSC presentó en junio 2014 un proyecto de ley (Expediente # 19.156) que fija un límite máximo a las remuneraciones del sector público, agregando transitoriamente que “para los actuales funcionarios públicos cuyas remuneraciones… superen los dieciocho salarios mínimos mensuales…; mantendrán sus remuneraciones, pero no podrán ajustarse por encima de la inflación…”. Si el Gobierno realmente quiere ordenar el gasto en esos rubros, ahí tiene una buena oportunidad para poner un límite a excesos inaceptables.
Los costarricenses rechazamos las terapias de “shock”, pero también queremos cambios y límites a los abusos del “statu quo”. La clave de bóveda está en ponerse de acuerdo y encontrar el equilibrio.


Rodolfo E. Piza Rocafort