Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Las finanzas públicas cerraron el 2025 con un balance más favorable, impulsadas por un superávit primario del Gobierno Central equivalente a 1,1% del PIB, de acuerdo con el Informe Mensual de Coyuntura Económica del Banco Central de Costa Rica.
El superávit primario se produce cuando los ingresos del Gobierno superan sus gastos antes del pago de deudas, y es una señal de mayor disciplina fiscal en la operación del Estado.
Al cierre del año, el déficit financiero del Gobierno Central se ubicó en -2,6% del PIB, una mejora frente al -2,9% registrado en 2024, resultado de una reducción del gasto total, especialmente por una reducción en el pago de intereses de la deuda pública.
En materia de ingresos, la recaudación tributaria acumulada creció 0,5%, desacelerándose respecto al 2,4% observado el año anterior, y representaron 10,5% del PIB.
El Ministerio de Hacienda argumentó que este menor ritmo responde, en parte, al proceso de transición del sistema ATV a TRIBU-CR, que generó ajustes temporales en la clasificación de los impuestos o tipo de contribuyente.
Aun así, los ingresos se mantuvieron en terreno positivo gracias al aumento del impuesto sobre la renta (1,8%) y de los ingresos por aduanas (1,1%), aunque estos avances fueron parcialmente compensados por caídas en el impuesto a los combustibles (-4,2%), el IVA interno (-0,5%) y el impuesto selectivo al consumo (-14,5%).
En cuanto al gasto total, este se contrajo 0,6%, mientras que el gasto primario aumentó 1,9%, reflejando una mayor contención del gasto financiero. El menor pago de intereses permitió un ahorro cercano a ¢149 mil millones frente a 2024.
Pese al superávit primario, la relación deuda/PIB aumentó 0,3 puntos porcentuales y se ubicó en 59,9%, ligeramente por encima del 59,6% observado un año atrás, manteniéndose cerca del umbral del 60%.
El informe destaca que la disciplina fiscal ha sido reconocida a nivel internacional. El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) de Costa Rica se ubicó en 153 puntos básicos, muy por debajo del promedio de América Latina (339 p.b.) y del EMBI global (263 p.b.), lo que mejora la percepción de riesgo y las condiciones de financiamiento externo del país.
