Financiamiento externo será menos efectivo

El deterioro en las finanzas públicas es preocupante. El déficit del Gobierno promedió en los últimos cinco años casi un 5% del PIB y ha continuado ensanchándose, lo que llevaría, a un escenario sin ajuste sustantivo, a proyectar que sobrepase el 6,5% del PIB en 2016.

Desde varios ángulos, es claro que la sostenibilidad fiscal también ha estado debilitándose: la deuda del Gobierno ha aumentado (pasó del 24,5% a casi el 40% del PIB entre 2008 y 2014) y el superávit primario se tornó, desde 2009, en un déficit cercano al 3% del PIB en los últimos dos años.

Con este panorama, ¿por qué la economía costarricense no ha resentido con mayor intensidad las implicaciones de un desequilibrio gubernamental? ¿Por qué en términos de acceso al crédito, las empresas y los hogares no han sido “estrujados” fuertemente por un sector público deficitario?

Esta aparente paradoja, un alto déficit gubernamental sin que se observen alzas sustanciales en las tasas de interés, ha contribuido a que se genere cierta despreocupación y poco sentido de urgencia a la hora de plantear, discutir y lograr acuerdos que propicien un ajuste fiscal ordenado, no solo por parte de las autoridades, sino además de los grupos de interés (partidos políticos, empresariado, sindicatos), que ineludiblemente se verán afectados.

La explicación de la paradoja es simple. En los últimos años, el país decidió en lugar de ajustar sus cuentas gubernamentales, endeudarse externamente, aprovechando una coyuntura particularmente afortunada.

Como resultado de las políticas monetarias expansivas implementadas para combatir los efectos de la Gran Recesión, la liquidez en los mercados de capital mundiales aumentó, lo que junto con un mayor apetito por el arbitraje, se tradujo en abundantes ingresos de recursos externos hacia economías en desarrollo como la costarricense.

Tanto el gobierno como el sector privado, ya sea directamente o a través del sistema bancario (que se fondea externamente para canalizar crédito en dólares a los residentes), empezaron a financiarse mucho más intensamente fuera del país.

Entre 2008 y marzo de 2015, la deuda externa total del país se duplicó, aumentando alrededor de $8.800 millones, de los cuales $4.450 millones correspondieron a nuevos pasivos del Gobierno y $3.750 millones a préstamos del sistema financiero con bancos del exterior.

Obviando los riesgos y las vulnerabilidades macroeconómicas y financieras que implica escoger el camino del endeudamiento en lugar del ajuste, ¿será tan sencillo seguir posponiendo el ajuste y recurrir al financiamiento externo para evitar las consecuencias del déficit? Claramente la respuesta es no.

Primero, debido a que el deterioro en la sostenibilidad fiscal, y el retraso en el diseño e implementación de una estrategia de ajuste daña el perfil crediticio del país, lo que se refleja en mayores costos de financiamiento, y podría conducir eventualmente, si empeoran los indicadores de capacidad de pago, al cierre del crédito externo.

Y en segundo término, un entorno financiero internacional caracterizado por menor abundancia de recursos y un aumento paulatino en los tipos de interés, significará que, independientemente de lo que suceda con el perfil crediticio, la economía recibirá menos capital proveniente del exterior en los próximos meses.

En ambos casos, el resultado será una restricción crediticia externa más intensa, que se reflejaría en mayores tasas de interés en el mercado local y un menor crecimiento económico.

En otras palabras, el mecanismo de escape para evitar el estrujamiento provocado por el déficit gubernamental que ha utilizado hasta ahora el sector privado, se volvería paulatinamente menos efectivo.

José Luis Arce

Economista y director de Programas de CEFSA

(Opinión personal)

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