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La empresa fabricante de lápices Faber-Castell acusó al Gobierno de Costa Rica de haber utilizado su antigua fábrica en el sur del país como centro de detención de migrantes deportados desde Estados Unidos, pese a que el inmueble fue donado con fines exclusivamente humanitarios.
La denuncia fue revelada este lunes por el diario británico The Guardian, que publicó una investigación en la que la compañía aseguró que desconocía que sus antiguas instalaciones estuvieran siendo utilizadas para privar de libertad a solicitantes de asilo enviados a Costa Rica desde Estados Unidos.
La planta está ubicada en el cantón de Corredores, cerca de la frontera con Panamá. Faber-Castell cerró la operación en 2013 y donó el complejo al Estado costarricense en 2018, bajo un acuerdo que establecía que el inmueble solo podría destinarse a albergue y atención humanitaria para migrantes.
Sin embargo, según el reportaje, el llamado Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) fue utilizado en 2025 para alojar al menos a 200 personas deportadas desde Estados Unidos, quienes permanecieron allí durante semanas e incluso meses, bajo custodia estatal y sin posibilidad de salir.
La empresa alemana afirmó que no fue informada del cambio de uso del inmueble y que solo tuvo conocimiento de la situación cuando fue contactada por The Guardian. “No teníamos conocimiento de este uso indebido hasta que fuimos contactados por el medio”, indicó la compañía.
Representantes de Faber-Castell, citados por el diario británico, señalaron que el contrato de donación establecía de forma explícita que el edificio no podría ser utilizado como centro de detención. “Bajo ninguna circunstancia se utilizaría como una prisión”, aseguraron.
El reportaje recoge testimonios de personas migrantes que denunciaron retención de pasaportes, restricciones a la libertad de movimiento y afectaciones a su salud física y emocional.
Además, The Guardian indicó que la Sala Constitucional resolvió en 2025 que las personas alojadas en el Catem fueron privadas ilegalmente de su libertad, al tratarse de un centro no diseñado para detención y sin base jurídica suficiente, lo que constituyó una violación de derechos fundamentales.
Ante las acusaciones, el Ministerio de Seguridad Pública rechazó los señalamientos y sostuvo que las medidas aplicadas respondieron a criterios humanitarios, debido a que las personas deportadas no contaban con visa para ingresar al país y se encontraban en condición de vulnerabilidad.
