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Por un presunto tráfico de influencias y cohecho propio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó formalmente al exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Óscar Cascante Cascante.
La acusación, remitida el pasado 23 de junio a la Procuraduría General de la República, forma parte de un proceso judicial que podría derivar en una querella y una demanda civil para resarcir económicamente los daños causados al Estado.
El caso, está relacionado con la red narcotraficante conocida como “Turesky”.
Según la Fiscalía, entre 2018 y 2021, mientras ejercía su cargo como diputado, Cascante habría usado su investidura para intentar influir en decisiones de funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Popular y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). El objetivo era beneficiar a tres empresarios vinculados con la estructura criminal de Turesky.
Aunque los funcionarios públicos no accedieron a las presiones, el Ministerio Público presume que el exlegislador recibió pagos ilícitos mediante transferencias realizadas a través del sistema SINPE.
La investigación se originó a partir de un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en 2022, que documentó al menos 13 gestiones irregulares de Cascante a favor de los empresarios sospechosos de integrar la banda narco.
La organización Turesky fue desmantelada en 2021 en medio de una amplia operación por tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero, en la que se identificaron vínculos entre el crimen organizado y redes de influencia política.
Una vez que el expediente regrese al despacho fiscal, será remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para que continúe el trámite judicial correspondiente.
