Tras exponer algunos temas delicados y señalar “algunas pifias” por parte de algunos jueces, la presidenta Laura Fernández se reunió este lunes con los altos jerarcas del Poder Judicial.
El objetivo fue hablar de la administración de justicia, las reformas que plantea el gobierno a la Corte Suprema y la demanda de una justicia pronta y cumplida.
A la cita en Casa Presidencial acudieron Orlando Aguirre, presidente de la Corte; Carlo Díaz, fiscal general; Michael Soto, director interino del OIJ; y Patricia Solano, presidenta de la Sala III.
“Yo le planteé a don Orlando lo que, desde mi punto de vista, siente el pueblo de Costa Rica con el trabajo del Poder Judicial. Hablamos de temas delicados, desde las pifias de jueces de ejecución hasta lo que percibimos como la politización y persecución política. Mi anhelo es que el Poder Judicial pueda sumarse en esta cruzada nacional para mejorar la seguridad en el país”, dijo Fernández.
En días pasados, la mandataria fue muy crítica de la administración de justicia del país, a tal punto que aseveró que no va a consentir que el Poder Judicial dañe la imagen de la institucionalidad de Costa Rica con su mal trabajo.
Asimismo, en días pasados convocó a debate en el parlamento un proyecto para limitar la reelección de los magistrados a solo 14 años. En el caso de Orlando Aguirre, lleva 37 años en el puesto.
A la cita también acudió Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, quien fue un severo crítico del Poder Judicial durante su mandato.
La mandataria lamentó que no se lograra un acuerdo para que el Poder Judicial se comprometiera a no bloquear la agenda de reformas que el Ejecutivo propondrá, ni tampoco sobre el cese de lo que ella califica como persecución política.
En todo caso, estos fueron los cuatro acuerdos puntuales a los que llegaron las partes:
- Se establecerá una comunicación directa entre la Fiscalía y el Gobierno para monitorear las modificaciones en las medidas de ejecución de la pena, especialmente en casos de personas con expedientes judiciales graves, para evitar que delincuentes violentos anden libres.
- Se reforzará la política anticorrupción para prevenir y sancionar la infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial, incluyendo la posibilidad de implementar pruebas de polígrafo para funcionarios de niveles superiores.
- La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se vincularán formalmente con el ministro de Seguridad, Gerald Campos, para organizar operativos conjuntos.
- Agilizar el levantamiento de cuerpos en accidentes de tránsito y reducir los tiempos de espera para la ejecución de allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas (PCD).