España aprueba indultos parciales a los líderes catalanes acusados de sedición por el proceso independentista
Los nueve líderes fueron encarcelados por un intento fallido de independencia de 2017.
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El Consejo de Ministros de España aprobó este martes indultos a nueve líderes del proceso independentista catalán de 2017 que permanecen en la cárcel condenados por sedición.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludó la medida en un discurso desde La Moncloa, la residencia oficial española, explicando que existen razones de "utilidad pública".
"Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las penas de inhabilitación, agregó.
Nueve líderes fueron enviados a prisión tras ser declarados culpables de sedición en 2019; otros tres fueron condenados por desobediencia, pero no fueron encarcelados.
A principios de mes, decenas de miles de personas protestaron en contra de indultar a los líderes separatistas, pero el gobierno alegó que la medida ayudaría a calmar las tensiones en Cataluña.
Por su parte, la oposición ha acusado al gobierno de utilizar los indultos para obtener apoyo político.
Una medida polémica
Estos indultos causan polémica en España. Una encuesta reciente para el diario español El Mundo arrojó que alrededor del 61% de la población se oponía a indultar a los líderes separatistas.
La Corte Suprema del país también ha dicho que se opone a la medida, aunque su posición no cambia nada.
La decisión del primer ministro también ha sido rechazada por manifestantes en Cataluña, que consideran que los líderes nunca debieron haber sido encarcelados.
El líder separatista Quim Torra, a quien se le prohibió ocupar un cargo público después de negarse a retirar un símbolo independentista de un edificio gubernamental, también describió los planes como un acto de "propaganda".
El intento separatista de la región semiautónoma hace casi cuatro años sumió a España en una de sus mayores crisis políticas en los últimos 40 años.
La liberación de los presos puede tardar varios días, ya que los indultos requieren la firma del rey y luego deben ser publicados en el Boletín Oficial del país.
La decisión no anula la prohibición de los presos de ocupar cargos públicos y varios partidos políticos, incluido el de extrema derecha Vox, han dicho que intentarán apelar la decisión.
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