Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 4 Febrero, 2010


De cal y de arena
En arca abierta...

Entre las elecciones nacionales de 2006 y el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica hubo una curiosa coincidencia en ciertos hechos irregulares, idóneos para sembrar la duda respecto a la pureza de los resultados. No atinentes las irregularidades a las condiciones en que se desarrolló la campaña ni a la forma en que se produjo la participación de los actores, partidos y candidatos. Fueron anomalías surgidas en el desempeño de las juntas receptoras de votos y en el escrutinio posterior de las papeletas, eufemísticamente denominadas —las irregularidades— “inconsistencias”. Con este nombre han pasado a la historia hechos muy concretos que el grueso de los partidos opuestos a Liberación Nacional quisieron diseccionar con afinado escalpelo para precisar su coherencia con el Derecho Electoral y medir su impacto en la suma y distribución de los votos. Fueron hechos que se incubaron en 712 juntas receptoras de votos en las que el importantísimo papel del padrón-registro quedó desdibujado, tanto como que curiosamente en algunas de ellas (Nosara de Nicoya, Parrita y Upala, por ejemplo) se dieron votaciones “desproporcionadas” y en la junta # 313 su padrón-registro llegó a la sede del TSE después de pasar cinco noches dormitando en quién sabe qué auspicioso recinto. Hubo juntas en las que el votante no firmó y hubo otras en las que en las firmas consignadas se marcaban rasgos caligráficos semejantes.

“Fueron inconsistencias normales”, proclamó muy orondo uno de los magistrados. No hubo manera de reducir la desenfrenada velocidad con que el Tribunal Electoral quería cerrar el conteo y proclamar resultados, aún a riesgo —como así ocurrió— de dejar flotando grandes dudas sobre la verticalidad de aquel proceso. Cuando el Programa Estado de la Nación auscultó el referéndum sobre el TLC, halló que las inconsistencias que se alegaban tanto para las elecciones de 2006 cuanto para la consulta de 2007, radicaban en juntas de una localización territorial afín. “Es posible —dice el Informe sobre el Estado de la Nación de 2007— identificar importantes analogías entre los distritos que presentan mayor recurrencia de JRV con alteraciones en ambos procesos electorales; entre ellos se encuentran Limón, Nicoya, Parrita, Purral, Desamparados y Hatillo”. De donde aconseja al TSE prestar atención al caso de tales localidades “con el fin de aminorar las posibilidades de que se repitan los errores”.

En esos días el diputado Rodrigo A. Carazo se impuso la ingente tarea de advertir las graves fallas del proceso. Su advertencia topó con el muro de la intransigencia del TSE. Esta página negra de la historia electoral se preserva en un sesudo estudio que publicó él en marzo de 2006. Otro testigo de excepción de aquella penosa práctica democrática, Oscar Aguilar Bulgarelli, rememoró el pasado 26 de marzo este capítulo de nuestra agonizante democracia. Segundado el padrón-registro, eliminada la huella del pulgar y delegado en las JRV el escrutinio de los votos (muchas de ellas con representación de un solo partido), me temo lo peor dado que la inmunidad de la consulta del 7 de febrero no está blindada. ¡En arca abierta, hasta el justo peca!