Empresas no estarían obligadas a revelar todos sus dueños
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Las empresas no estarían obligadas a revelar al Ministerio de Hacienda la totalidad de sus dueños, aun cuando se apruebe la Ley contra el fraude fiscal.

Un nuevo concepto sobre lo que se considerará “beneficiario final”, está siendo trabajado por los legisladores, en el que tendrían esa categoría únicamente las personas que posean entre un 15% y un 25% de las acciones.

La idea de los legisladores del Liberación Nacional, Unidad Social y el Movimiento Libertario es adherirse a la acepción que se usa en la Unión Europea contra la evasión y que también es recomendada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para luchar contra el lavado de dinero y el narcotráfico.

“Estamos debatiendo sobre el umbral mínimo de lo que se consideraría un beneficiario final, tomando en cuenta la práctica internacional. Bajo esa premisa, no sería necesario conocer la totalidad de los dueños de las empresas”, aseveró Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario.

Durante todo el debate de fraude fiscal, sindicatos, empresarios, diputados y otros sectores, se han enfrentado por la creación del registro de accionistas con beneficiarios finales.

En principio, se pactó que las empresas deberían dar a conocer la totalidad de sus dueños, pero esta propuesta ha sido duramente criticada por integrantes del sector privado, que temen una pérdida de competitividad y disminución de la inversión extranjera.

Los legisladores tienen hasta finales de agosto para determinar el proyecto de ley y a partir de ahí, habrá un mes adicional para aprobar el proyecto en primero y segundo debates.

Para el Gobierno esta iniciativa es fundamental, ya que se estima que mejoraría la recaudación en un 1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Otro tema que genera polémica en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios es la posible exoneración del castigo para los representantes legales de las sociedades anónimas, que no puedan dar a conocer la totalidad de los dueños de las empresas.

Para los legisladores del Frente Amplio, la eliminación de la pena se traduciría en una mayor cantidad de sociedades anónimas costarricenses, con beneficiarios finales en paraísos fiscales como Bahamas y las Islas Caimán, donde tendrían posibilidades de eludir el pago de impuestos como la renta.

En la propuesta original, la pena es de hasta ¢40 millones por no dar a conocer la información.

“Conocer quiénes son los dueños de las empresas es un elemento imprescindible si realmente se quiere acabar con el fraude fiscal, aquí lo que pasa es que hay diputados que quieren alcahuetear a las empresas para que se siga evadiendo, bajo el argumento de que es imposible entregar la lista cuando está domiciliada en otro país, pero hemos visto que ya se hace para abrir cuentas en bancos y el economista principal del BID nos confirmó que esto es totalmente posible de hacer”, dijo José Ramírez, diputado del Frente Amplio.

Mientras tanto, los congresistas de la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario consideran que nadie está obligado a lo imposible.


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