“A la hora de conocer al beneficiario final, se pierde el anonimato de una sociedad anónima, es decir, que se desvirtúa la figura creada en el Código de Comercio”, dijo Franco Pacheco, presidente de la UCCAEP. Esteban Monge/La República

El sector privado acudiría a los tribunales y a la Sala IV, para evitar la creación de un registro de accionistas con beneficiarios finales, en el marco de la ley contra el fraude fiscal.

Para los empresarios el deseo del Gobierno de contar con esa base de datos, desvirtúa la figura de la sociedad anónima y en la práctica, no significaría ningún avance contra los evasores o el blanqueo de capitales.

El anuncio se da en momentos en que la Asamblea Legislativa aprobó un trámite rápido para debatir ese proyecto de ley, por lo que existe una posibilidad de votación en primer debate en unos dos meses.

Una de las mayores preocupaciones del sector productivo sobre el registro de accionistas, está relacionada con la posibilidad de que los datos confidenciales se filtren a terceras personas.

“En su momento la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria valorará si lo que se apruebe en el plenario legislativo violenta los principios y le hace daño a nuestra industria, para interponer algún recurso legal”, dijo Mario Montero, vicepresidente de esa organización.

Otro de los aspectos de preocupación de los empresarios, es la pérdida de competitividad de Costa Rica, por lo que podría reducirse la inversión extranjera.

En principio la base de datos que quiere el Gobierno estaría en manos del Banco Central de Costa Rica y a ella solo podrían acceder funcionarios de Tributación Directa o del Instituto Costarricense de Drogas, cuando se cumpla una serie de requisitos de investigación, por lo que el Gobierno no podría revisar datos al azar.

En ese sentido, la propuesta inicial de ley contra el fraude fiscal establece sanciones que van desde el despido sin responsabilidad patronal para los funcionarios públicos, hasta diez años de prisión para quien se beneficie económicamente de la sustracción de la información.

La ley contra el fraude es parte de la agenda fiscal del Gobierno, que pretende reducir la evasión y la elusión, la cual se estima en un 8% del PIB para 2013, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Hacienda.

 

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