El control de los fiscales en EE.UU.

Se dejó de ampliar la capacidad del sistema penitenciario. Urge resolver esta grave violación a los derechos humanos

El control de los fiscales en EE.UU.

Se da actualmente en los Estados Unidos un debate sobre la necesidad de controlar el poder de los entes acusadores de su sistema judicial, que “tiene mayor dominio sobre la vida, la libertad y la reputación que cualquier otra persona en nuestra nación”, según desde 1940 señaló su Procurador General, Robert Jackson. Y recuerdo que ya Napoleón Bonaparte había expresado, a principios del siglo XIX, que el juez acusador era la persona más poderosa de Francia.

En Estados Unidos se quiere reducir el poder absoluto e incontrolado que tienen los fiscales para “plea bargain”, o sea para llegar a acuerdo con el acusado a fin de que, a cambio de su confesión, se le conceda una condena menor (en nuestro sistema procedimiento abreviado). También se pretende limitar el uso de la cooperación de coimputados como pruebas del delito, a cambio de su impunidad o de penas menores. (Criterio de oportunidad o testigos de la corona).

Una de las razones que invocan en ese país los defensores de derechos humanos para someter a controles a los acusadores, es que las negociaciones con los “imputados colaboradores” se producen en muchas y largas sesiones con los fiscales, de las cuales no hay grabaciones, ni notas completas, ni obligación de entregar esas notas a los defensores. Eso produce un hueco negro de información y surge la duda de si los “colaboradores” simplemente “cantan” o también inventan la canción.

Esta búsqueda de reformas se sustenta en que, por ejemplo un 46% de las sentencias a muerte contra inocentes se fundamentaron en la acusación falsa de colaboradores y en que “miles, tal vez decenas de miles de inocentes están condenados por su acuerdo con los fiscales para recibir una condena menor” (The Economist 4/10/2014).

Ese país es una de las naciones con mayor proporción de sus habitantes en la cárcel. Según los datos del International Center for Prision Studies relacionado con la Universidad de Essex las islas Seychelles en el Océano Índico tienen la más alta proporción de presos (868) y los Estados Unidos el segundo lugar con 707 por 100 mil habitantes. El promedio mundial es de 168.

Esta alta proporción de presos resulta de penas de muy larga duración, y de una muy alta condena de indiciados. En parte por aplicación de normas que obligan a los jueces a imponer sentencias altas, eliminando su discrecionalidad. Esto a su vez da extraordinarios poderes de negociación a los fiscales para que los acusados acepten ser culpables a fin de recibir una prisión más corta.

Nosotros también tenemos una alta tasa de encarcelación, aunque no tan alta como las dos indicadas o las de Cuba y otras islas caribeñas o El Salvador. La nuestra es de 347 y ocupamos el 25 lugar más alto entre 222 países y territorios. La proporción de población en prisión ha crecido aceleradamente. En el año 2000 esa proporción era de solo 144. Y además, deshonrosamente, ocupamos el lugar 91 por el nivel de hacinamiento de nuestras cárceles. Hace solo ocho años no había sobrepoblación penitenciaria gracias a las construcciones efectuadas de 1998 a 2006. Pero luego se dejó de ampliar la capacidad del sistema penitenciario. Urge resolver esta grave violación a los derechos humanos.

Miguel Angel Rodríguez