Disparidades salariales en sector estatal no acabarían con ley de empleo público

A dos meses de que entre a regir la nueva ley de empleo público, el objetivo de acabar con las disparidades salariales entre los trabajadores del Estado no se puede garantizar.

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Y es que, el Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades, el TSE y la Caja Costarricense del Seguro Social, podrían actuar como “islas”, amparadas en una resolución de la Sala IV que las faculta para regularse en materia de empleo público.

De esta forma, podrían fijar sus propias normas y establecer su propia escala salarial, a la vez que les corresponderá frenar los abusos, reconoció Laura Fernández, ministra de Planificación.

“Al quedar fuera del ámbito de cobertura de la rectoría del Ministerio de Planificación, será cada institución en condiciones de autonomía la responsable de hacer una aplicación responsable del salario global, aplicando los parámetros de la ley de empleo público”, agregó Fernández.

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En estos momentos, hay diferencias salariales de hasta ¢4 millones para funcionarios profesionales con iguales responsabilidades, dependiendo de la institución para la cual trabajan, según informe de la Contraloría del 2020, mientras que para puestos no calificados las diferencias ascienden a casi ¢800 mil.

La iniciativa en cuestión, fue aprobada por los diputados del anterior gobierno, con la intención de establecer un mismo salario por puesto laboral en el Estado y de esta forma, acabar con las diferencias salariales que han abierto un abismo en materia de remuneraciones; asimismo, se pretende racionalizar el gasto y lograr un ahorro para el Estado.

Solo para este año, los costarricenses pagarían -vía impuestos – más de ¢2,7 billones en salarios para los trabajadores del gobierno central.

“Los costarricenses sí pueden esperar un ahorro anual en el pago de remuneraciones, el cual, se dará de manera paulatina y con mayor incidencia en el mediano plazo. Recordando que las nuevas contrataciones de las instituciones públicas se realizarán bajo el nuevo esquema de salario global, y que en el caso de personas cuyo salario compuesto con pluses sea superior al salario global, les permanecerá sin crecimiento hasta que igualen el monto del salario global, así indicado por la ley de empleo público”, agrego Fernández.

Esto quiere también, que los trabajadores del Estado que tengan un salario por encima del límite establecido, no podrían aumentar su remuneración por pluses, costo de vida o cualquier otro beneficio.

Por otra parte, el gobierno de Rodrigo Chaves está analizando si el salario escolar, que se entrega todos los años en el mes de enero a los funcionarios, se puede suprimir.

Y es que al incluir el salario global todos los pluses, salario base, aumentos y otras variables, no se debería entregar el salario escolar.

“Estamos tratando una serie de termas que no hemos aterrizado, como el tratamiento del salario escolar con la entrada en vigencia de la ley de empleo público, que dice que hay un salario único y global. Ahí, hay un tema muy interesante y delicado”, dijo Chaves.

Antes de terminar este mes de enero, el gobierno se comprometió a sacar a consulta el reglamento para la ley de empleo público, en el cual, se incluiría este polémico punto.

“Esta ley no solo contiene roces severos con los postulados de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; sino que, más grave aún, se violentan estipulaciones jurídicas en Derechos Humanos que el país se ha comprometido a observar según varios tratados que en la materia Costa Rica ha firmado y aprobado, incorporándolos al cuerpo de leyes que rigen la vida republicana de nuestro país” , dijo Albino Vargas, secretario de la ANEP.