Diputados discutirán continuidad o no del presidente de otro Poder de la República

Los diputados se enfrentan al escenario de tener que discutir sobre la continuidad o no en su cargo del presidente de otro Poder de la República.

El anuncio que hizo el miércoles anterior Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de aspirar por su reelección en la magistratura, provoca esta situación.

Cruz fue nombrado en agosto de 2018 en la presidencia de la Corte por un periodo de cuatro años, tras la renuncia de Carlos Chinchilla, salpicado por el escándalo de “El Cementazo”.

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Sin embargo, su designación como magistrado de la Sala Constitucional se le vence el próximo 18 de octubre, por lo que aún le quedan dos años de su periodo al frente de la Corte.

Si los diputados deciden reelegirle por otro periodo, entonces Cruz podrá terminar su mandato, el cual vence en agosto de 2022.

Pero si logran reunir los 38 votos que se necesitan para evitar su permanencia como magistrado constitucional, obligará a la Corte Plena a convocar el proceso para designar a un nuevo presidente.

Tras analizar su futuro, Cruz le comunicó el miércoles anterior a la Asamblea Legislativa que aspirará a su continuidad.

Lo hizo justamente un día después de que los legisladores aprobaran llamarlo en audiencia para hoy lunes 21 de setiembre, para que definiera sus intenciones.

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Los diputados tienen prisa en el tema pues deben definir la continuidad o no de Cruz antes de que se venza su periodo, el 18 de octubre, pero aprobaron irse de receso del 7 al 19 de octubre para realizar el traslado al nuevo edificio.

Es decir que deberán dejar el asunto resuelto antes del 7, pues de no hacerlo se les vencería el plazo para resolver el nombramiento y eso provocaría que la ratificación de Cruz de forma automática.

Esta será la segunda oportunidad en que el actual presidente de la Corte enfrenta el proceso de reelección. En la primera, los diputados no le ampliaron el nombramiento por decisión política, lo que generó una reacción social sin precedentes ante lo que se consideró entonces como una intromisión de poderes.

Esto luego de que Fabio Molina, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, sostuviera que con la no extensión de su mandato se pretendía reivindicar a la Asamblea Legislativa como primer poder de la República y que era necesario restaurar el equilibrio de Poderes alegando que la Sala Constitucional había excedido sus competencias.

Al final la Sala Constitucional encontró que los diputados votaron después de la fecha límite, por lo que se decidió su reelección automática, ante una consulta presentada por el entonces diputado Luis Fishman, de la Unidad Social Cristiana.

Justamente para evitar este tipo de escenarios, en que las resoluciones judiciales influyan en los nombramientos de los cargos en el Poder Judicial, es que varios sectores han planteado la necesidad de modificar el mecanismo de elección de magistrados.

El Foro de Justicia, un espacio de análisis y propuesta en políticas públicas del sector justicia conformado por actores y organizaciones especializadas, ha identificado 13 proyectos de ley en la corriente legislativa enfocados a modificar el sistema de nombramientos de las magistraturas.

Para ello proponen desde ampliar el plazo de los nombramientos hasta limitar la reelección, de manera que los magistrados no se vean sometidos recurrentemente a la exposición política durante su gestión.

Exponer a un magistrado al escrutinio de sus resoluciones en un escenario político atenta contra la independencia interna y externa del juez, advirtió Jaime Arellano, ex viceministro de Justicia de Chile y analista internacional en un reciente webinar en que participó.

Por su parte, el último informe sobre del Estado de la Justicia denominó al proceso de nombramiento de magistrados como un dominio reservado.

“Este es un concepto que se usa en Ciencias Políticas para denominar a aquellas áreas que están bloqueadas a la toma de decisiones democráticas”, advirtió al respecto Evelyn Villareal, coordinadora de dicho programa.