Diesel Arias, digo yo
Pedro Oller poller@ollerabogados.com | Martes 01 julio, 2008
Pedro Oller
Ha propuesto el señor Presidente un subsidio al diésel. Enhorabuena, pero no tanto. Ha propuesto también, en aras de financiarlo y quién sabe qué otras cosas más, que los vehículos que usan este combustible paguen un 100% más de impuesto al ruedo. Me fregué, porque mi carro es diésel.
Obvió considerar, como a bien tuvo un agricultor que escribió en un periódico nacional, que si bien sus productos se verán beneficiados con el beneficio al tractor, los mismos se verán altamente perjudicados con el impuesto al pick-up.
Me convenció el señor de que la propuesta presidencial era ligera e inmesurada. Los tributos no solo deben ser solidarios sino también, correctamente asignados para no generar injusticias. Resulta que en su caso, mientras el subsidio le permitirá seguir produciendo, el marchamo le resulta confiscatorio y lo anuncia de previo a que alguno, cualquiera, recurra a la Sala Constitucional a hacer valer sus derechos. Si usted puede, yo también.
Justifica el señor Presidente, de forma muy llana y ahora que puede hablar, su propuesta en alguna publicidad que el representante de BMW en el país ha publicado. Obvia mencionar que su automóvil personal es (¿o era?) un BMW. Y razona que el precio del vehículo diésel condiciona la capacidad de pago del marchamo. Error garrafal.
Suponer que el hecho de que el vehículo es diésel es condición suficiente para gravarlo doblemente es tan válida como, por ejemplo, hacerlo en función de la marca que atrae la atención del señor Presidente. ¿Por qué entonces todos los BMW no pagan un 100% de sobre-imposición y resolvemos el tema en función de tres letras?
Valga bajo este supuesto, traer a colación también el resonado y no implementado impuesto a las casas de lujo. En este caso, tal cual el de los vehículos diésel, el principio de selección era odioso y además implicaba una doble tasación respecto del mismo bien, algo que entiendo inaceptable en nuestro sistema tributario (valga decir también, en cualquier sistema tributario que se precie de serlo).
Aprovechando el ejemplo presidencial pregunto, sin temor a ser irrespetuoso, por qué en ese caso también no imponemos el impuesto solo a aquellos extranjeros que tienen propiedades en Costa Rica. O, para hacerlo más selectivo y odioso, ¿no nos limitamos a aquellos que no propician las actividades productivas del país, como pueden ser por ejemplo las casas o terrenos de playa que también se promocionan por montones?
Supongamos que el embrollo en el que están envueltos los hermanos Arias en El Jobo y cerca del Coco, no quise decir Sardinal, no les afecta. Entonces, pregunto sin reparo, ¿es válida también la selectividad de este impuesto respecto de esa propiedad comprada al IDA (o a alguien más que la adquirió por medio del IDA)? Me resulta de difícil o imposible determinación ante lo especulativa de la pregunta, pero ahí se la dejo.
Aprovecho para dos notas que me resultan importantes: Una, en cuanto a mi artículo de la semana anterior. Valga rectificar, de ser necesario, que nunca atribuí a este periódico responsabilidad alguna en el affair Medford cuyo desenlace ya se dio. Otra, para dar la bienvenida tardía a don Juan Carlos Barahona, intelectual de mucho fuelle y quien me enseñó, a través de su hijo que siempre es, en letra y boca de Sabina, peor para el sol.
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